Las petroleras que se sumen a la invitación oficial para cobrar más por la producción excedente de gas deberán aceptar algunas reglas incómodas por parte del Gobierno. Una de ellas es, desde el punto de vista de las empresas, completamente nueva: deberán "acordar" sus planes de inversión con los gobernadores de las provincias en las que estén radicados los proyectos para sumar oferta.

Hasta ahora, las empresas mantenían un diálogo habitual con las gobernaciones respecto de sus planes de inversión. Sin embargo, según explicaron desde una petrolera, en esta ocasión, el poder de los timoneles regionales está consolidado en un acuerdo que espera ser firmado por la Nación con empresas privadas.

Así figura en los borradores de acuerdos que el Gobierno, a través de funcionarios del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, les mostró a algunos hombres del sector petrolero para interesarlos en sumarse a la iniciativa. Con la forma de un "acta acuerdo", el Gobierno les propone presentar proyectos de "aumento de la inyección total de gas natural". Uno de los anexos de los borradores que circulan indica que la información que deberá ser presentada para cada una de las provincias anualmente tiene que ser "acordada con el gobernador respectivo".

Jorge Sapag (Neuquén), Martín Buzzi (Chubut), Daniel Peralta (Santa Cruz) y Francisco "Paco" Pérez (Mendoza) son los principales timoneles de provincias petroleras. Entre otras cosas, las empresas deberán acordar con ellos qué cantidad de recursos destinarán en cada uno de los cuatro trimestres del año a tareas de perforación de pozos petroleros, y workover y pulling (dos servicios habituales en la industria de exploración y producción de hidrocarburos). Se les pide que especifiquen qué cantidad de equipos comprometerán en cada caso.

Por otra parte, se les pide que puntualicen con sumo detalle la cantidad de empleados que utilizarán en cada período. Es una jugada estratégica por parte de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, un organismo creado el año pasado y que conduce el triunvirato liderado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, del que también participan los secretarios Guillermo Moreno (Comercio Interior) y Daniel Cameron (Energía).

Por un lado, el Gobierno les da mayor participación formal en las decisiones de inversiones a los líderes provinciales. Pero, al mismo tiempo, delega parcialmente la revisión de esos compromisos en los gobernadores, con mayor conocimiento territorial y, por lo tanto, más capacidad de opinar en los diálogos con las petroleras.

Los lineamientos institucionales del nuevo marco para la industria del gas fueron dados a conocer la semana pasada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1/2013 de la Comisión. Su texto estipula que las empresas recibirán US$ 7,50 por millón de BTU (la unidad de medida) finales para toda oferta excedente (por encima de la denominada inyección base, que se calculará en cada caso).

En otros términos: el Estado les pagará por la diferencia entre ese número y el precio al que vendan ese recurso. Es un número atractivo para las compañías: multiplica por tres el valor que reciben en promedio las petroleras de la cuenca neuquina (el principal pulmón energético del país), si bien está lejos de los US$ 11 que se le pagan a Bolivia. Además, las empresas sólo podrán acceder a ese precio si se comprometen a pagar una fuerte multa en caso de no cumplir con las metas de producción.

De manera que podrían terminar desembolsando más en concepto de penalidades que el precio adicional que reciben. El interés principal del Gobierno es reducir al máximo las importaciones de gas, que, como consecuencia del incremento del consumo, la caída de la producción y los mayores precios internacionales, en 2012 se llevó 4697,8 millones de dólares, un 60% más que el año anterior.