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La Justicia busca reactivar la causa por la venta de YPF que Lijo tiene paralizada

27/09/2024 | YPF | Noticias Destacadas | 341 lecturas | 19 Votos



La C谩mara Federal acept贸 como querellante a la ONG Contadores Forenses, que intenta impulsar la investigaci贸n




Ante la paralizaci贸n de la causa por la venta de YPF, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, la C谩mara Federal porte帽a tom贸 una decisi贸n que busca reactivar el expediente donde se investiga a Axel Kicillof y a otros funcionarios del kirchnerismo.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi reconocieron como querellante en el caso a la ONG Contadores Forenses, de modo de que pueda actuar como acusador particular, m谩s all谩 del impulso que deber铆a darle el fiscal al caso.

El juez Lijo candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia hab铆a rechazado el 9 de abril pasado la pretensi贸n de esta ONG de ser parte en la causa. La organizaci贸n apel贸. La primera presentaci贸n la hizo el contador Alfredo Popritkin, presidente de la entidad, pero que falleci贸.

Por eso se present贸 Jorge Alfredo Ceballos, con el patrocinio del abogado Sergio Curzi. As铆 las cosas, los jueces rechazaron la pretensi贸n de la ONG de ser amicus curiae (amigo del tribunal), pero la admitieron como querellante.

En esa causa, ahora la ONG va a poder pedir medidas de prueba, cuestionar las decisiones del juez Lijo, recurrirlas y hasta acusar en caso de que el asunto llegue a juicio oral.

"Esta es la continuidad del trabajo de mi viejo en la lucha contra la corrupci贸n; no bajamos las banderas; todo lo contrario", dijo a la nacion el abogado Andr茅s Popritkin, continuador del trabajo de su padre.

El caso se abri贸 en 2006, a partir de la denuncia de vaciamiento y expropiaci贸n de YPF. En la car谩tula aparecen los delitos de infracci贸n de la ley 22.415 (C贸digo Aduanero), incumplimiento de autoridad, violaci贸n de los deberes de funcionario p煤blico y defraudaci贸n contra la administraci贸n p煤blica.

La C谩mara Federal dijo que se investiga la presunta ausencia de control estatal sobre la informaci贸n t茅cnica que est谩n obligadas a proporcionar las empresas petroleras.(...)

Fuente: La Naci贸n

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