Las provincias de Neuquén y Río Negro se adelantaron y ya judicializaron la decisión del Gobierno nacional de congelar el precio de venta del crudo, que afecta a la recaudación provincial de regalías petroleras. Con presentaciones ante la Corte Suprema, plantean que el decreto presidencial es "anticonstitucional" porque versa sobre cuestiones que requieren de tratamiento  legislativo. Las provincias quieren lograr una compensación de parte de la Nación por los recursos que dejan de percibir en el marco del congelamiento de las naftas. El Gobierno nacional quiere seguir negociando. En paralelo, las empresas también reclaman incluso por vía judicial.

"El DNU que impugnamos modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro. En este sentido, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial", sostiene el escrito que presentó a la Corte el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltinek. 

Según los cálculos provinciales, Río Negro vería afectada su recaudación en 582,7 millones de pesos y pide la nulidad del decreto 566/2019, que definió el congelamiento. Por su parte, la empresa Vista Oil & Gas presentó una demanda ante el fuero Contencioso Administrativo en contra del decreto presidencial.