
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que la única manera de que prospere el proyecto de ley de Iniciativa Popular 129/20, que prohíbe la minería en Chubut, sería con una reforma de la Constitución, ya que tanto a nivel provincial como nacional contiene el concepto de desarrollo sustentable, por el cual se complementan las actividades productivas y la necesidad de que se lleven adelante con respeto por el medio ambiente.
Sabsay analizó, en una entrevista con LU20 Radio Chubut, el proyecto de Iniciativa Popular contra la minería. Y al respecto afirmó: “Es un tema que me preocupa tanto desde el derecho constitucional como desde el derecho ambiental. Son dos ramas muy ligadas; tal es así que se habla de derecho constitucional ambiental, y la verdad es que he sido uno de los primeros que habló de esta rama, hace 40 años ya”.
Sabsay mencionó en este contexto la noción de desarrollo sustentable, al que describió como “la difícil unión entre dos campos de la actividad humana que tienen repercusión en la calidad de vida, en lo ambiental y también en lo social. Me refiero a las actividades productivas, por un lado, y a la necesidad de que se lleven a cabo en el respeto del ambiente; y las consecuencias sociales de ese tipo de actividades productivas, como dice la Constitución. Siempre tiene que haber una alianza entre ambos”.
En este marco nombró a la Ley XVII-N° 68, ex 5.001, que, recordó, “prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro, pero tiene una excepción en el artículo segundo y pone en cabeza del Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) la posibilidad de zonificar el territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros y la definición de áreas en las que se podría aplicar excepciones a esta previsión general”.
Afirmó que “ello debe llevarse a cabo con una participación importante de la sociedad, donde por ejemplo es muy importante escuchar a los pueblos aborígenes, lo cual está contenido en el Convenio 169 de la OIT al cual nuestra Constitución ha adherido”.
“Frente a esto -repasó Sabsay- aparece una Iniciativa Popular que tiene buenos objetivos porque quiere cumplir con todas las previsiones de la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos. Pero prevé prohibir todo”.
“Excluye la minería -continuó el abogado- pero además caducarían los permisos actuales en un plazo de 6 meses. Es decir, quienes ejercen una industria lícita basada en la explotación de la minería deberían concluir en 6 meses, un plazo más que breve. Y caerían sus concesiones”.(...)
Fuente: El Patagónico
1146 lecturas | Ver más notas de la sección Minería