La definición sobre la norma es algo que esperaba el sector y su redacción podría quedar en línea con el pedido de las empresas de la industria para acelerar nuevos proyectos, especialmente ante el auge de Vaca Muerta y la ventana que abrió el Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones (RIGI).

“Básicamente lo que estamos teniendo es un Estado que casi se ata las manos, que se corre del intervencionismo que hemos visto durante tantos años. El Gobierno deja de decirle al privado a quién le tiene que vender, si puede exportar, o cuánto. Es un proceso, por supuesto. Pero nosotros creemos firmemente que el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, es el mejor incentivo para la inversión en infraestructura que todos dicen que necesitamos”, afirmó González durante su discurso en el evento “El futuro de la Energía en la Argentina” que realizó Cippec en la Embajada de Francia.

La Ley Bases que consiguió sancionar en el Congreso el Gobierno de Javier Milei incluía modificaciones en la Ley de Hidrocarburos. El artículo sexto de ese apartado contempla la libre exportación de petróleo y gas, “sujeta a la no objeción de la Secretaría de Energía”. La reglamentación del Poder Ejecutivo debe aclarar cuáles serían los criterios para una eventual objeción, ante posibles crisis internacionales de suministro y/o precios, algo que mantenía expectante a las petroleras.

La premisa oficial es pasar de un mercado que tuvo en las décadas anteriores como prioridad el “autoabastecimiento” a uno que maximice la renta de los negocios. La declaración de González deja abierta la puerta a la posibilidad de que los criterios para una eventual restricción de exportaciones tenga mucha flexibilidad o directamente queden descartados.

Ese fue uno de los puntos que demoró el ingreso al RIGI del proyecto de casi USD 3.000 millones impulsado por YPF, junto a otras seis empresas, para la construcción de la infraestructura necesaria para más que duplicar las exportaciones de petróleo en los próximos dos años. Algunas de las socias de la petrolera estatal en la iniciativa Vaca Muerta Sur (Vmos) pedían mayor claridad sobre la reglamentación de la Ley de Hidrocarburos.

En el mismo sentido, González mencionó que espera que en las próximas semanas entren “montones” de proyectos nuevos al RIGI. El esquema de incentivos cambiarios y fiscales de la Ley Bases ya sumó seis iniciativas por USD 7.900 millones, de los cuales dos por casi USD 6.000 millones están vinculados al oil & gas de Vaca Muerta.

El jueves Pan American Energy (PAE), la petrolera de la familia Bulgheroni, y Golar solicitaron la adhesión al RIGI para un proyecto en Río Negro que instalará una barcaza de Gas Natural Licuado (GNL) y comenzar a exportar desde 2027. Se trata de una inversión estimada de USD 2.900 millones en los próximos 10 años y que llegará a USD 7.000 millones en los 20 años de vida útil esperada. YPF anunció que será socia del Joint Venture. Este avance pondría a la Argentina en el selecto grupo de vendedores de GNL junto a Estados Unidos, Rusia, Qatar y Australia, entre otros.

El impacto macroeconómico del impulso del sector se nota en el ingreso de dólares en el Banco Central y también en un menor gasto de subsidios, debido al acceso de energía más barata. Se trata de un factor clave para el ajuste fiscal y la apreciación del peso que impulsa la gestión Milei. La Argentina podría alcanzar para 2030 un superávit energético de USD 30.000 millones, según estimaciones oficiales y privadas.