El Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, informó de que el Consejo de Seguridad Pública del Estado tomó esa resolución atendiendo al hecho de que esa actividad ilícita además tiene estrecha relación con el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas.

Destacó que se aprobó una estrategia para enfrentar la situación mediante acciones de las fuerzas armadas y la policía, además de respaldar a las concesiones mineras legales, a las que ambientalistas y comunidades cercanas se oponen y a menudo suelen hostigar con actos de violencia.

Más allá del anuncio, no se detallaron las implicaciones o medidas que sobrevendrán al declarar esta actividad como amenaza a la seguridad nacional.

“No existe la posibilidad de que guardias privados -guardia indígenas o comunitarios- pretendan reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y Policía” en el control territorial, afirmó Ordóñez en alusión al hecho de que ambientalistas y comunidades que se sienten afectadas suelen bloquear vías, hostigar e impedir el trabajo de los empleados de las concesiones mineras legales.