En medio de un intenso e incansable debate social y ambiental que tiene a la minería como eje central en Mendoza (con sus defensores y detractores), irrumpió en escena la ONG Crisol, autodenominada como un grupo de “ambientalistas a favor de la minería�. Con más de 15 años juntos como organización abocada a dar ayuda social -aunque hace sólo unos días se pronunciaron como promineros-, Rafael Valverde (55), Viviana Arancibia (47) y David Arce (48) son ahora noticia. Se presentaron en el palacio judicial, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura con una nota firmada por ellos y otras 300 personas solicitando que se revea y modifique la ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas que contaminen el agua en la minería)

La agrupación considera  que la contaminación que deja el cianuro en el agua que pretende utilizar la empresa San Jorge en Uspallata “es mínima y no afecta a la saludâ€�. Desde la Asamblea Popular por el Agua, en tanto, consideraron que los argumentos esgrimidos por esta nueva ONG “no tienen nada de ambientalistasâ€�, al tiempo que consideraron “contradictorioâ€� que se autoproclamen como preocupados y defensores del medio ambiente si defienden el uso de cianuro en los emprendimientos. “Ni siquiera buscan una minería alternativa. Directamente defienden la que contaminaâ€�, sostuvo Federico Blonda, vocero de la Asamblea Popular por el Agua.

DE ANTI A PRO MINERO

Rafael Valverde tiene 55 años. Es ingeniero químico egresado de la UTN y vive en Las Heras. Preside Crisol secundado por Viviana Arancibia (48), cosmetóloga, y David Arce (48), quien actualmente se encuentra desempleado. “Desde hace mucho tiempo venimos trabajando. En 1997 empezamos por temas políticos y sociales. Yo soy muy conocido en Las Heras y trabajamos en villas y en comedores y hogarcitos. Pero desde hace un tiempo empezamos a militar como ambientalistas pro mineros�, explicó Valverde. El presidente de Crisol admite haber sido antiminero al principio. “Pero después me empecé a interiorizar, primero con la situación en San Juan y después con San Jorge.

Fuimos varias veces a Uspallata y me di cuenta de que mi posición antiminera era desde el desconocimiento, la falta de información. Y es lo mismo que le pasa ahora a la gente�, acusó Valverde. Uno de los argumentos más controvertidos de la ONG es el que tiene que ver con la defensa no sólo de la minería, sino incluso del uso de cianuro en el proyecto San Jorge (que aún intenta instalarse en Uspallata). “San Jorge tiene agua propia y no llega al río. También estuve estudiando sobre la utilización de cianuro y 95% del agua usada en minería se recupera. Sólo queda algo de cianuro en los residuos, en el lodo. Es tratable�, consideró. Sobre la ley “de defensa del agua� (como se ha bautizado a la 7.722), Valverde también vertió sus críticas. “No es como sostienen los antimineros tampoco. Porque la 7.722 es discriminatoria con la minería metalífera. Por ejemplo, YPF y la explotación de minerales también utilizan esas sustancias.

La Destilería usa ácido sulfúrico y, por su localización hay riesgo de que llegue al río Mendoza. Ese mismo material que está permitido en petróleo está prohibido por la 7.722�, se defendió Valverde. Además, tanto él como sus compañeros ven en proyectos como San Jorge una solución a los problemas de coyuntura. “Tenemos los recursos. Lo que más nos interesa es que San Jorge ofrece 8.000 puestos de trabajo y en Malargüe, Vale ha dado 5.000. Nosotros somos gente humilde, que tenemos nuestros principios y no hay nadie detrás nuestro. Sí hemos estado en contacto con la gente de San Jorge y la Cámara de Minería, pero para informarnos�, agregó. Además, Valverde indicó que consideran que hay que rever el código minero, ya que es muy bajo que el Gobierno se quede sólo con 3% de regalías.

“QUIEREN GENERAR IMPACTO�

Las críticas a esta agrupación no se hicieron esperar. Y desde la Asamblea Popular por el Agua salieron a refutar sus argumentos. “No tienen ningún argumento ambientalista. Ya no estamos hablando de estar a favor o en contra de la minería, sino que ellos (por Crisol) defienden una minería con cianuro. Eso ya es imposible de considerar ambientalista�, destacó Federico Blonda, vocero de una de las asambleas que más presencia ha tenido en las convocatorias para rechazar los emprendimientos megamineros, así como también para defender la ley 7.722. “Es imposible que digan que antes han sido antimineros y ya no lo son más. Si alguna vez hubiese sido antiminero en serio, jamás se hubiese movido de ese lugar porque entendería todo lo que trae el cianuro�, denunció el joven en alusión a Valverde, además de insistir en que es “contradictorio� que se autodenominen ambientalistas.

“Se denominan así para generar impacto�, resaltó. Además, Blonda insistió en que Crisol defiende precisamente uno de los aspectos que las asambleas y pueblos autoconvocados resisten: la utilización de sustancias tóxicas. “Nosotros estamos en contra de tres aspectos fundamentales. Primero, la megaminería en todas sus expresiones ya que consume grandes cantidades de energía; de la minería de uranio, que utiliza ácido sulfúrico; y de todo tipo de minería contaminante�, reforzó. El vocero de la Asamblea también fue más allá al destacar que “habría que ver de dónde sacan dinero para financiarse�, apuntando a la posibilidad de que las propias empresas mineras estén detrás de la ONG. Por otra parte, Blonda destacó que durante ayer presentaron al Gobierno un petitorio para que en los próximos 15 días se les informe sobre la actualización que presentó San Jorge para intentar que se le dé luz verde a su proyecto.

“Queremos estudiar qué propone y analizarlo. Creemos que es irreal la información que difundió la empresa en el comunicado (sobre la posibilidad de tratar en San Juan lo que se extraiga de Uspallata), porque además debería contar con el aval del Ejecutivo y el proyecto ya fue rechazado por éste�, insistió Blonda. El 24 de agosto las distintas asambleas autoconvocadas y vecinos que rechazan la megaminería a cielo abierto se concentrarán a las 18 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera y marcharán hasta la Legislatura y el Poder Judicial en defensa de la ley 7.722 y repudiando el proyecto San Jorge.

Fuente: Diario Los Andes

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