El nuevo gobierno asume en un contexto exigente. El cierre de Huachipato –la histórica siderúrgica ubicada en Talcahuano, en la Región del Biobío, fundada en 1950 y durante décadas eje del entramado industrial chileno– simboliza el agotamiento de un modelo productivo que perdió competitividad frente a costos crecientes y regulaciones extensas.

Su paralización no es solo un hecho industrial: obliga a repensar con urgencia la matriz productiva regional y nacional. En paralelo, Argentina atraviesa el ciclo de expansión hidrocarburífera más relevante de su historia reciente. Vaca Muerta dejó de ser una promesa para convertirse en una plataforma en plena ejecución, con una producción de petróleo y gas que crece más rápido que la capacidad actual de evacuación y procesamiento.

Este descalce obliga a pensar la integración regional no como una opción, sino como una necesidad estratégica. En este escenario poselectoral, la permisología se vuelve el eje ordenador de las decisiones de inversión.

El gobierno entrante decide implementar una Reforma de Permisos Sectoriales aprobada por amplia mayoría en el Congreso (93 votos), que reduce entre 30% y 70% los plazos de tramitación para proyectos energéticos, mineros e industriales.

La ventanilla única, la tramitación en paralelo de permisos y la clarificación de criterios técnicos no son ajustes menores: representan un cambio estructural en la relación entre el Estado y la inversión productiva.

Este nuevo marco no implica una baja de estándares ambientales, sino una reorganización de procesos que durante años generaron superposiciones y demoras que, en algunos casos, extendieron proyectos estratégicos por más de ocho años.

En un contexto donde el capital compara plazos y certezas, la reforma devuelve previsibilidad y reposiciona a Chile como destino competitivo. A este proceso se suma la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aún en trámite legislativo pero clave para destrabar inversiones de gran escala en energía, puertos e infraestructura. Su articulación con la reforma de permisos sectoriales definirá la capacidad de Chile para capturar la próxima ola de inversiones regionales.

El nuevo escenario político también consolida una alineación inédita con Argentina. La sintonía entre el gobierno de Kast y la administración de Javier Milei se expresa en una visión común sobre apertura económica, atracción de capital y reducción de trabas regulatorias.

El rol del economista chileno José Luis Daza, hoy viceministro en el Ministerio de Economía argentino y cercano a Kast, refuerza esta convergencia técnica y política, facilitando una coordinación binacional que estuvo ausente durante años. La integración energética ya está en marcha.

El Oleoducto Transandino (OTASA) y el Gasoducto del Pacífico se encuentran operativos y con capacidad de ampliación. La refinería de ENAP en la Región del Biobío puede procesar crudo liviano de Vaca Muerta con altos niveles de eficiencia.(...)