Una tensa situación se vive al interior de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) Magallanes luego que la Dirección regional del Trabajo iniciara una acción judicial tras constatar la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores de la estatal a raíz de una fiscalización realizada entre los meses de marzo y abril pasados.

La citada investigación se llevó a cabo tras una presentación efectuada por el Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, cuyos dirigentes iniciaron una demanda en resguardo a la integridad de los operarios y con motivo de una serie de accidentes graves ocurridos al interior de la empresa, según aduce uno de los directivos.

“Nosotros iniciamos una presentación el mes de marzo a raíz de los consistentes accidentes al interior de la empresa a través de un proceso de investigación y denuncia ante la Inspección del Trabajo referida a cautelar la integridad física y psíquica de las personas, tras lo cual empezó una fiscalización a todos los campamentos donde se concluyó de manera clara que había indicios de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores”, esgrimió el dirigente Carlos Aro.

La presentación derivó de las acciones iniciadas desde el año 2010 en adelante, tras el despido masivo de más de 270 trabajadores con experiencia, cuya salida -de acuerdo a los sindicalistas- habría provocado una baja en el nivel de personal con experiencia que, al calor de los nuevos resultados de exploración y producción hicieron evidente su falta, luego de algunos cambios en las jornadas de trabajo y “falencias” en materia de seguridad laboral. Al respecto, el director regional del Trabajo, Francisco Parada, informó que actualmente lo que se está desarrollando es una acción judicial interpuesta por la misma dirección.

“Se trata de una fiscalización investigativa que hizo la DT que constató indicios, tras lo cual se llamó a las partes a una mediación para reparar estos problemas, en este caso, por parte del empleador, sin embargo, ambas partes no lograron llegar a acuerdo, lo que obligó a la DT a interponer esta acción judicial” en el mes de mayo, según explicó Parada. El proceso hoy día se encuentra en una etapa de espera ante el inicio de la primera audiencia de conciliación que se realizará durante el mes de julio donde trabajadores y gerencia serán citados para expresar sus puntos de vista con miras a lograr algún acuerdo.

“Lo principal para el sindicato es que haya medidas mitigadoras referente a la normalización de algunas actividad, tales como regularizar la dotación óptima para la empresa, revisar los protocolos de seguridad, entre otros aspectos que estamos trabajando con la dirección del Trabajo”, agregó Aro. El primer paso es analizar la respuesta que entregará la empresa en torno al reconocimiento o no de la vulneración de derechos, tras lo cual, las partes conversarán al respecto. En caso de no llegar a acuerdo, se obliga a al tribunal a dictar sentencia.

POSTURA DE ENAP

Ante la denuncia iniciada por el Sindicato, el gerente de Recursos Humanos de Enap Magallanes, Carlos Wulf, rechazó las acusaciones del Sindicato indicando que: “Como empresa, compartimos la preocupación por la salud y seguridad de nuestros trabajadores, lo que debe inspirar las acciones y medidas que desde hace un tiempo se vienen implementando y en las que seguiremos trabajando en lo sucesivo. Precisamente por ser ésta nuestra principal preocupación y quehacer, no es posible aceptar imputaciones de la gravedad de las señaladas en la denuncia”.

El ejecutivo aclaró que la tramitación judicial de la mencionada causa está recién empezando y que ésta continuó su proceso luego que la empresa no aceptara las imputaciones de la organización sindical. Ante las declaraciones realizadas por el sindicato, la empresa reiteró que se continúan haciendo esfuerzos para disminuir los índices de accidentabilidad a través de nuevos programas de capacitación y entrenamiento a los trabajadores y otros aspectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones de seguridad y calidad de vida laboral.