
La presencia del ministro Bergman instaló fuertemente el debate sobre la minería y sus cuidados. Las Cámaras Mineras provinciales señalaron que la Provincia tendría la infraestructura necesaria para el control con el desarrollo de la actividad.
La reciente visita del ministro Bergman a la región dejó algunos puntos salientes, y estuvo signada por la instalación en el eje de la agenda del tema minero. En efecto, el ministro dejó en claro que la posición de la Nación sobre el tema es la de impulsar la actividad con controles, y reclamó que en la provincia se comience a debatir firmemente sobre el tema. En este punto, el titular de la cartera local de Ambiente, Ignacio Agulleiro, marcó que el Estado chubutense carece hoy de las herramientas necesarias para hacer frente a los mencionados controles.
Es sobre este último punto en el que los representantes de la actividad minera se detuvieron, e hicieron hincapié en no ingresar en un terreno al que calificaron de “falaz”. En ese sentido, representantes de las Cámaras Mineras se remitieron a una metáfora corriente, y utilizaron el ejemplo de qué está primero, el huevo o la gallina, cuando escucharon las voces que remarcan la falta de controles que adolece el Estado Provincial respecto a la explotación minera.
Argumentaron que resulta evidente que se estaría ante un dispendio económico innecesario que el Estado cuente con controles ambientales capaces de evaluar actividades que se encuentran prohibidas en nuestra provincia. Profundizando en esa línea, sostuvieron que las actividades del Estado se solventan con impuestos y tasas; los primeros se fundamentan en la capacidad contributiva de los ciudadanos en tanto que las últimas son las que abonan los usuarios de diversos servicios que brinda el Estado.
En esta última categoría se agrupan los controles ambientales, cuyo costo es financiado por las empresas que los utilizan. De manera que – sostienen las Cámaras Mineras – mal podrían todos los ciudadanos solventar con sus impuestos el servicio de control ambiental que el Estado desarrolla ante determinadas empresas. Y admiten que resulta justo que estas empresas sean las que, a través de las tasas, abonen el servicio que brinda el Estado, y que garantiza que la actividad económica de la que se trata, se desarrolle conforme a los parámetros ambientales que establece la provincia.
Es en base a ese argumento que los representantes del sector minero indican que va de suyo que no se puede contar con un control que no se pueda solventar. Más aún, interpretan que decir que la provincia no cuenta con controles capaces de evaluar el impacto ambiental de la explotación minera hoy, se observa como un indicador de razonabilidad de la gestión.
Sin embargo, señalan que una vez que se habilite la actividad minera y se someta a las empresas que la desarrollen al cobro de las tasas de control ambiental, la provincia tendrá la solvencia económica necesaria que le permita afrontar el gasto necesario en recursos humanos y equipamiento. De este modo, sostienen, se alcanzarán los niveles de contralor ambiental que garanticen los más altos estándares en la materia.
Fuente: El Diario de Madryn
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