
Odebrecht pasó a la ofensiva. Logró que Brasil suspenda el intercambio de información sensible con la Argentina, busca que la Corte Suprema de Justicia derribe el poco material que ya llegó de Curitiba y evalúa demandar al Estado argentino por US$50 millones. Todo, mientras que en los tribunales locales aún no se registran condenas por los sobornos por US$35 millones que la propia empresa admitió en diciembre de 2016 que pagó en la Argentina.
La ofensiva del gigante brasileño comenzó a gestarse hace meses, cuando sus abogados denunciaron ante el Ministerio Público Fiscal brasileño que los investigadores argentinos violaron el acuerdo firmado para el intercambio de información. Plantearon que en Buenos Aires no respetaron la cláusula de confidencialidad –y que, por tanto, la información circuló por varias dependencias judiciales-, y que, además, avanzaron contra exejecutivos de Odebrecht que ya habían sido juzgados en Brasil. El reclamo de Odebrecht –que ahora se presenta como “Novonor”– dio un primer fruto.
El Ministerio Público Fiscal brasileño suspendió la colaboración con la Argentina hasta completar su análisis de la denuncia, cuya copia envió a Buenos Aires para obtener una respuesta formal. El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima, se encargó de la réplica. Volcada en un escrito de 14 páginas, la respuesta inició su recorrido hacia Brasil. Desde la Procuración General de la Nación que lidera Eduardo Casal se giró a la Cancillería, para que llegue a destino a través de los canales formales.
Defendió la actuación de los fiscales argentinos, sostuvo que se respetaron las pautas y procedimientos acordados, y pidió que se restablezca el canal de asistencia bilateral para completar el intercambio de datos pendientes. El tiempo pasa, mientras tanto. En diciembre de 2016, Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos en una docena de países de América Latina y África. Y a partir del 1 de junio de 2017, la información sobre esas coimas quedó disponible en Brasil para todo aquel investigador de la Argentina u otro país que aceptara dos condiciones.
La primera, respetar su confidencialidad. La segunda, que no podía incriminar en el país que recibiera esa información a quienes ya se hubieran acogido al régimen del “arrepentido” en Brasil. Casi cinco años después, otros países registraron condenas y detenciones de expresidentes –como en Perú, Ecuador y El Salvador-, resarcimientos civiles, renuncias o remociones de funcionarios públicos y hasta el suicidio de un expresidente (de lo que se informa por separado). Pero en la Argentina, las evidencias, “delaciones premiadas” y otros datos sobre cómo Odebrecht sobornó en el país apenas llegaron de manera parcial a un solo expediente judicial en Buenos Aires.
Fuente: La Nación
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