
Ni bien bajó del avión propició una conferencia de prensa para dar a conocer los principales puntos de lo que pretende ser un marco normativo para la exploración y explotación de combustibles no convencionales, que en el caso de Mendoza, regula al crudo pesado. Con los puntos dados a conocer Pérez cerró un debate que fue planteado hace un poco más de 3 meses atrás, cuando el mismo Gobernador en una rueda de prensa similar a la de ayer daba a conocer detalles del primer borrador. En aquel entonces se hablaba de un “acuerdo político” con la oposición, en el que Pérez buscaría consenso tanto con los legisladores por Mendoza en el Congreso de la Nación (quienes votarán el proyecto), como en la Legislatura provincial, en donde luego la eventual ley debería buscar su ratificación. Así lo consignó este diario el 11 de junio.
Pero ayer, a diferencia de tres meses atrás, el gobernador salió a aclarar que el texto no necesitará pasar el voto de los legisladores provinciales. “Yo firme un acuerdo de política hidrocarburífera nacional. Después como un gesto político podemos, cuando salga la ley, llegar a comunicarla. Pero como toda ley nacional, no pasa por Legislatura ni necesita ratificación. Es de Derecho Administrativo y Constitucional”.
La noticia no cayó bien en quienes esperaban con ansias el debate local y en la Legislatura algunos ya revisaban la legalidad del proceso, a la vez que anunciaban que convocarán al ministro de Energía, Marcos Zandomeni para conocer el texto.
Pero más allá de las discusiones aparentes, el planteo con el que Pérez se bajó del avión encontró sus asideros constitucionales, en base a que no se tocaría ningún punto que corresponda a las jurisdicciones provinciales. Así lo afirman quienes defienden en la provincia la idea de que no pase por la votación local, aunque quienes opinan aclaran que deben hablar en potencial porque aún no conocen el famoso borrador.
“La Nación puede ejercer la dirección de las políticas hidrocarburíferas pero las autoridades de aplicación son las provincias. Esto permite que se puedan establecer estándares mínimos sin considerarse como un avasallamiento sobre las provincias”, explicó el diputado Fernando Simón (FPV) en referencia a lo que establece el artículo 124 de la Constitución: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
En este sentido, Pérez reforzó la idea: “La autoridad de aplicación (la Provincia) es la que va a elaborar los pliegos. Sí vamos a elaborar en el ámbito de la Ofephi un pliego que tenga algunas referencias comunes para todas las provincias, porque la idea es ofrecer a cualquier inversión que todas las provincias tengan las mismas reglas jurídicas de juego: el mismo sistema impositivo, el sistema de promoción”.
A su vez, Simón dijo que aunque no conoce el texto, aparentemente no afecta ninguna facultad de la provincia no delegada a la Nación en materia impositiva: “Tengo entendido que los temas tributarios provinciales no están en el acuerdo. Si estuviéramos tocando Ingresos Brutos sí debería ser ratificado en la Legislatura, pero no está lo que se está en la modificación de la Ley17. 319, de hidrocarburos”.
CON GUSTO A POCO
Más allá de que ayer Pérez cerrara la puerta a la discusión local por los vericuetos técnicos, lo cierto es que los tres meses transcurridos fueron suficientes para que se formara un caldo de cultivo para el debate que al final probablemente no se dé. En la oposición esperaban y exigían conocer detalles del borrador de lo que se supone, “es la legislación de un recurso clave y no renovable que trascenderá a distintos gobiernos”.
“Los intereses que se mueven en la política petrolera no se detiene ni en las guerras”, decían ayer algunos en la Legislatura dando cuenta del malestar. “El tema se manejó con mucha simplicidad”, dijo a su turno el senador radical Sergio Moralejo.
Y el principal reproche en este sentido es que nadie, salvo el Gobernador y algunos ministros, conoce aún la letra fina del borrador. “Todo lo que sabemos es por los medios”, coinciden. Este malestar también se sintió incluso dentro los legisladores del FPV, quienes quedaron fuera de la posibilidad de militar el proyecto de ley.
“Vamos a estar citando al ministro de Energía para que venga a dar explicaciones y previamente vamos a exigir que se no dé una copia de ley para poder discutirla”, dijo el diputado del PD, Rómulo Leonardi.
LOS PUNTOS
Según explicó ayer Pérez, el proyecto quedó cerrado con los puntos que ya se anticipaban. “Se ha permitido que las empresas provinciales de energía participen como socias en cada uno de los proyectos. Esto es el famoso acarreo en la etapa de exploración. En la explotación, si quiere participar, tiene que invertir con el porcentaje que quiere ir”, dijo confirmando que se elimina la posibilidad de que Emesa participe de un porcentaje de la renta sin hacer aportes de capital.
A su vez, formalizó que “se establece la Responsabilidad Social Empresaria, que es la obligación de cada empresa a aportar 2,5 % de la inversión inicial durante los 3 primeros años”. Las regalías quedaron intactas en el 12% más la posibilidad de un canon extraordinario del 3% y una prórroga del 3%. Es decir, se podrá percibir hasta 18% de regalías.
A su vez dijo que “se establece un régimen especial para inversiones de más de 250 millones de dólares para que puedan traer equipos pesados que no se fabrican en Argentina libres del derecho de importación”.
Otro de los puntos es que “si las empresas no invierten el área concesionada en los tres primeros años, perderán el 50 por ciento de la concesión. Esto evita que se haga una inversión inmobiliaria pero no petrolera como una forma de evitar la especulación”, especificó el Gobernador.
Fuente: Diario Los Andes
374 lecturas | Ver más notas de la sección Actualidad