La
Unión
de Consumidores de Argentina (UCA) salió al cruce del concurso internacional
lanzado por YPF y reclamó que se excluya de la lista de oferentes a Gas Natural
Fenosa (GNF), la empresa española que tiene a Repsol como uno de los
principales accionistas y que en los últimos dos años ha sido la principal
proveedora de GNL con casi el 30% de las cargas contratadas. Con un “acta de
notificación” presentada ante el Ministerio de Planificación, la entidad que
preside Fernando Blanco Muiño requirió que se revoque la invitación a cotizar
efectuada a GNF “por existir intereses contrapuestos, incompatibles e
insalvables que hacen nula de nulidad absoluta su participación en el
concurso”.
La UCA fundamentó su rechazo a la
contratación de GNF en dos cuestiones clave: -La principal dueña de GNF –junto
con el grupo bancario La Caixa-
es la petrolera Repsol. La compañía que comanda Antonio Brufau posee el 30% del
GNF y actualmente lleva adelante una fuerte ofensiva judicial internacional
contra Argentina por la expropiación de las acciones mayoritarias de YPF. Ante
el CIADI, Repsol reclama una megaindemnización de US$ 10.500 millones.
Pese a las demandas que ha iniciado, Repsol
sigue siendo accionista de YPF, la cual es la encargada de definir a los
proveedores de GNL. En caso de que GNF salga adjudicada, Repsol se estaría
“autocontratando” debido a su doble condición de accionista de YPF y de Gas
Natural Fenosa.
Blanco Muiño anticipó a Clarín que, si el
Gobierno no atiende sus planteos, llevará el caso ante la Justicia para “defender
los derechos de los usuarios ante una situación que viola las reglas de
transparencia y lealtad comercia l y afecta la posición del Estado en el
conflicto que mantiene con Repsol”.
Con la licitación que lanzó a la calle, la
petrolera YPF -que actúa como “intermediaria” de la estatal Enarsa- busca
adquirir anticipadamente un paquete de 50 cargas de GNL para 2014 y otro igual
de 50 barcos para 2015. Esas cargas equivalen a casi el 50% de los volúmenes de
GNL que se deberán importar en los dos últimos años del gobierno de Cristina
Kirchner e implicarán para el Estado un desembolso del orden de los US$ 4.500
millones.
La licitación también fue cuestionada por
varios oferentes por los cambios en la contratación de las agencias marítimas y
el pago de los costos portuarios. Según las nuevas reglas de juego, los
proveedores externos no podrán seleccionar a sus “agentes marítimos” para las
tareas logísticas, administrativas y aduaneras que se registran en la
importación de GNL. A partir de hora, YPF y Enarsa “nominarán” a esos agentes y
se harán cargo de los costos portuarios de cada entrega de combustible.
Fuente: iEco Clarin
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