El decreto 591/19 sobre residuos peligrosos es el centro de la polémica desde el pasado 27 de agosto, cuando fuera publicado en el Boletín Oficial. Ante la posibilidad, tal y como surge de la letra fría de la norma, de que la Argentina podría comenzar a importar basura relajando las exigencias ambientales, se encendieron las alarmas: organizaciones no gubernamentales, especialistas en medio ambiente y representantes de de la espera política están en movimiento para intentar poner un freno a la iniciativa. 

El nuevo decreto modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos 24.051 del año 1992, para permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países. (...)