La Iglesia Católica solicitó al intendente de Junín de los Andes, Juan Linares, que promulgue en la brevedad la ordenanza que prohíbe la megaminería y la fractura hidráulica en el ejido municipal. En un escrito difundido, defendió la necesidad de "poner en duda los modelos de desarrollo, producción y consumo".

El Concejo Deliberante de Junín de los Andes aprobó la ordenanza 2523 que prohibe "las actividades de fractura hidráulica y la actividad de minería metalífera especialmente la modalidad a cielo abierto". Esto se aplicará en todas las etapas incluyendo el cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de minerales.

También impide la minería de uranio y torio, y "el uso, producción, comercialización, acopio, deposición, circulación y transporte de sustancias tóxicas, eco-tóxicas, carcinogénica y/o explosivas destinado a las actividades" de megaminería.

Además, en los fundamentos se explicó que la hidrofractura contamina los acuíferos con los fluidos que se vierten, genera emanaciones tóxicas a la atmósfera, y que utiliza para su desarrollo productos químicos y radioactivos peligrosos para el ser humano. Cabe recordar que este método para extraer gas y petróleo no convencional está siendo utilizado en Vaca Muerta, en la localidad de Añelo.

Ante las críticas que recibió la norma, el obispo neuquino Virginio Bressanelli junto con sacerdotes, diáconos y religiosos de toda la provincia emitieron un comunicado de prensa en el que solicitaron la "pronta promulgación de la misma a fin de darle plena vigencia, proteger el ambiente y alentar el desarrollo sostenible". Agregaron que con esta ordenanza se aporta al cuidado el medio ambiente para las generaciones futuras.

En el escrito mencionaron que "una verdadera ecología integral" obliga a "poner en duda los modelos de desarrollo, producción y consumo". Los religiosos remarcaron que esta norma se da en el marco del reclamo del pueblo de Las Coloradas que se manifestó en contra de un proyecto minero a orillas del río Catan Lil.

Los obispos adhirieron a la postura de los vecinos y se mostraron preocupados por los intentos de sectores privados públicos de avanzar en un proyecto de exploración y posible explotación de minería a cielo abierto sin tener en cuenta los derechos de los pobladores.