La falta de acompañamiento de la mayoría de los trabajadores que no se plegaron al paro petrolero santacruceño; exigencias empresarias; deserciones en las filas de los propios manifestantes y la presión ejercida por el Gobierno provincial --que desplegó un vasto operativo de seguridad con decenas de policías y centenares de gendarmes preparados para contener motines--, debilitaron la medida de fuerza hasta su expiración.

La presencia de los uniformados hizo que los huelguistas nunca pudieran cortar rutas o caminos alternativos por la presencia intimidante de los uniformados.

Cuando intentaron hacerlo, como ocurrió en Pico Truncado y en Las Heras, fueron desplazados sin que se produjeran incidentes. Además, tampoco tuvieron gran logística para instalarse en el acceso a complejos industriales como las plantas deshidratadoras de YPF que, dicho sea de paso, también se hallaban vigiladas por los uniformados.

El paro que declaró el martes el gremio que la pasada semana “recuperó” Héctor “Chaco” Segovia, se fundamentaba en exigir el fin de la intervención del sindicato por parte de Federación y la restitución formal de las llaves y de la comisión directiva. Pero la medida fue de mayor a menor hasta expirar definitivamente al cabo de no más de 38 horas. En sí misma, la medida no pudo paralizar globalmente la producción de hidrocarburos, pese a que sus protagonistas aseguraban que ese no era su objetivo. No obstante, hubo un atentado que detuvo las actividades en un área de Sinopec.

Algunos ex miembros de la comisión directiva, delegados e incluso desocupados que habían estado en varios piquetes, se replegaron hasta la sede central del gremio ubicado en Caleta Olivia. Pero a partir del mediodía sus teléfonos celulares parecieron llamarse a silencio para la prensa, por lo cual hasta el cierre de este informe periodístico fue imposible saber si mantendrían ese edificio en su poder o lo abandonarían para que lo recuperara la Comisión Organizadora designada por la Federación. En tanto, crecían las versiones acerca de que el peso de la justicia podría recaer sobre Segovia y sus seguidores.

LA VIOLENCIA

El atentado se produjo en horas de la madrugada de ayer en una subestación que transforma gas en energía eléctrica ubicada en el yacimiento Meseta Espinosa, que es operado por la compañía de capitales chinos Sinopec. Para llegar a la misma se debe circular unos 20 kilómetros por la ruta 12, desde Cañadón Seco hacia Pico Truncado, y desviarse hacia la derecha por un camino de ripio, cubriendo un trayecto de algo más de 15 kilómetros. Voceros de esa compañía indicaron a Diario Patagónico que se trató de un sabotaje perpetrado por desconocidos que indudablemente conocían la ubicación y función de esas instalaciones.

Los daños ocasionados motivaron que se interrumpiera la provisión de energía al citado yacimiento y la operadora se viese privada de producir 900 metros cúbicos diarios de petróleo, además de verse en la imposibilidad de inyectar 450.000 metros cúbicos de gas a la red troncal. Los destrozos también obligaron a ventear y quemar parte de ese gas en la Planta Compresora PC2 (contigua a la de Transportadora Gas de Sur) ubicada en otro yacimiento próximo, denominado El Cordón, bajo condiciones controladas. La empresa radicó la denuncia en la comisaría de Cañadón Seco y comunicó que estaba trabajando para restablecer el funcionamiento de la subestación transformadora. Además, agradeció la oportuna y eficaz intervención de autoridades provinciales y fuerza de seguridad.

CLAVOS “MIGUELITO”

Por otra parte, pudo saberse que también en la madrugada de ayer fue detenido un trabajador petrolero que participaba de la vigilia en la localidad de Las Heras ya que personal policial le encontró entre sus pertenencias una bolsa con clavos “miguelitos” que se utilizan para pinchar neumáticos.

El individuo fue identificado como Lucas Ricardo Díaz, de 23 años, operario de Oedsur, quien fue apresado en cercanías del yacimiento Los Perales cuando transitaba a bordo de una camioneta sin chapa patente y quedó alojado en los calabozos de la comisaría Primera de Las Heras, a disposición del juez de instrucción, Eduardo Quelín. Fuentes policiales señalaron que el petrolero intentó evadir el control policial por lo que fue perseguido hasta su detención.

Fuente: El Patagónico

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