El planteo de la organización es que la operadora está alcanzada por la legislación de acceso a la información pública porque el Estado nacional tiene el 51% de las acciones de la compañía y por lo tanto es el controlante. 

Aseguran que sería similar al pedido de información que se hizo sobre el acuerdo Chveron-YPF para Loma Campana, información que se terminó abriendo. Pese a la apelación, fundada en la naturaleza jurídica de YPF como sociedad anónima, desde la firma aclararon que regularmente brindan información pública tanto sobre su sistema de gestión ambiental y su desempeño, así como sobre cualquier evento ambiental de relevancia que ocurriera en el marco de sus operaciones. 

Una jueza de Capital Federal dio lugar al pedido de una ONG ambiental para que la firma entregue información detallada sobre sus operaciones en Vaca Muerta. 

Además aclararon que cuenta no sólo con la información enviada a medios de comunicación, sino con su Reporte de Sustentabilidad basado en las más exigentes normas y estándares internacionales, un documento público y puede consultarse en la web. 

Finalmente desde la firma agregaron que la información referida a los requerimientos ambientales se brinda regular y asidua a los organismos de aplicación y el poder concedente.