Dijo el gobierno argentino que las reservas de gas existentes no alcanzaban para satisfacer el consumo de su mercado interno y, a la vez, continuar con la exportación. Las restricciones han llegado, en ocasiones, a más del 90% del total comprometido. Como es lógico, el gobierno chileno se quejó fuertemente, con una serie de argumentos, tales como el respeto a los contratos que, además, habían sido suscritos por empresas privadas a ambos lados de la frontera.

El gobierno argentino lamentó los perjuicios que sufriría Chile por esa medida (millonarias inversiones en los gasoductos, en los tendidos de las redes y en los contratos suscritos por las industrias para abastecerse de gas natural), pero que su primera obligación era atender a sus ciudadanos, que no podrían entender que en Argentina falte gas, porque se está yendo a Chile.

Y así fue. Las exportaciones siguen restringidas hasta hoy. En el ínterin, el gobierno chileno no se quedó con las manos cruzadas. Le encomendó a la estatal petrolera ENAP que construya un Terminal de regasificación en la costa central para traer barcos con Gas Natural Licuado. Ese Terminal –que ha costado US$ 1.000 millones– ya se terminó y, hace pocos días, ya llegó a Quintero el primer cargamento de gas.

Hay varias lecciones. Primero, que la prioridad de todo Estado en materia energética es el abastecimiento de su mercado interno. Ese es el punto de partida y es lo que establecían las leyes peruanas, hasta que fueron cambiadas bajo el gobierno de Toledo. Pero ese cambio –y el compromiso de exportar la mitad de las reservas probadas a México– no modifica la prioridad que tienen los peruanos de usar su gas.

Con ese mismo argumento, el gobierno argentino no hubiera podido restringir las exportaciones a Chile. Segundo, se debe proceder de inmediato a la renegociación del contrato del Lote 88 (donde están las mayores reservas), para que el 100% de su producción sea destinado exclusivamente al mercado interno. Si eso causa perjuicio a Perú LNG, habrá que sentarse a la mesa a negociar una solución, que respete que esas reservas se quedan en el Perú.

Se podría exportar las nuevas reservas que se encuentren, como los 2 TCF de Repsol (socio de Perú LNG) en el Lote 57. Tercero, las reservas del Lote 88, primero, y del Lote 56, después, revirtieron gratis al Estado porque Shell (empresa que las descubrió) no las pudo explotar, por distintas razones. Es por eso que el Estado puede fijar el precio del gas, algo que no va a suceder con los nuevos descubrimientos.

Es inconcebible que sean esas reservas –nuestro pasaporte para una nueva matriz energética con una menor dependencia del caro petróleo importado– vayan a la exportación, privándonos de un energético barato, que da competitividad a la industria y combustible barato. Cuarto, queda clarísimo que al modelo primario exportador no le interesa el consumo de gas por los peruanos, sino sus negocios. En este caso, el choque de intereses aparece en su totalidad.

El país necesita un Plan Energético Integral y una modificación radical de la Ley de Hidrocarburos 26221 de 1993, que otorga la propiedad del petróleo y el gas a los inversionistas privados, motivo por el cual hacen lo que les da la gana con nuestros recursos naturales. En el ínterin, no debe salir una molécula del gas del país si es que no está plenamente garantizado el abastecimiento pleno del mercado interno.

No hay política energética sin el Estado: lo demuestra Argentina y, también, Chile, que buscó, y ya consiguió, poner en marcha alternativas energéticas.