Los puesteros agrupados en la Asociación de Fomento Rural de Planicie Banderita sostuvieron que se trata de más de 50 familias que viven en la zona desde antes de que se rellenara en forma artificial el lago Mari Menuco.

"De cuatro o cinco camionetas bajan 14 ó 15 operarios a los patios de nuestras casas, bajan cables que no sabemos si tienen electricidad o qué tipo de peligros a cuatro metros de las puertas de nuestras casas, y provocan movimientos por los cuales los animales huyen despavoridos", describieron Luis Hernández y José Asad, que oficiaron de voceros. Sostuvieron que la operaria "provoca estragos" en diferentes puntos del área en la que tiene la concesión y que los inconvenientes se incrementaron el fin de semana con tareas de sismografía.

"Están destrozando nuestros campos; avasallan nuestros derechos; actúan de a 60 operarios por turno", denunciaron. En un escueto comunicado PAE indicó que "siempre ha mantenido abierta su comunicación con toda la comunidad" y que "mantiene un diálogo fluido con los superficiarios u ocupantes legítimos" de los lotes.

Se agregó que "cumple con la normativa vigente referida al acceso de dichas tierras". Contrariamente a las declaraciones de la transnacional, los manifestantes aseguraron que la protesta y volanteada se realizó porque "nos han judicializado" durante los últimos años sin ningún tipo de reconocimiento.

Describieron que los "vibros" -camiones de exploración- y maquinarias pesadas que cruzan los campos asustan a los animales, que dejan las crías. La protesta comenzó pasada las 5 y se mantuvo a lo largo del día hasta prácticamente caer la tarde.

REVELAN EXTORSIONES

Integrantes del "Frente Agrario" y de la Confederación de trabajadores de Economía Social acompañaron la volanteada de los crianceros. No sólo respaldaron los cuestionamientos que hicieron los manifestantes sino que y denunciaron "extorsión" y "pagos en negro" de la concesionaria hacia los puesteros para que se les permita operar en los campos.

"El Estado no controla cómo las empresas operan en el territorio: fuera de toda normativa legal las empresas ofrecen dinero en negro a los puesteros para avanzar sobre los campos y a los que no aceptan, quedan a su suerte, avanzan por la fuerza y el Estado no se responsabiliza del impacto social y ambiental que tienen sobre las familias campesinas ante estas transnacionales", sostuvo Emanuel Guagliardo, apoderado legal de Frente Agrario.