Si cualquier mercado no encuentra posibilidades de ajustar los consumos por precios que reflejen la eficiencia del sistema y que los costos, a su vez, reflejen el valor de la escasez de los recursos, en algún lugar del sistema comienzan a producirse problemas de abastecimiento, sea porque los precios no resulten competitivos o porque los bajos costos -que generalmente resultan de sistemas de precios políticos o controlados- inducen a una utilización exagerada de los recursos. Y eso es lo que ha pasado en el sistema de la electricidad y el gas en Argentina.

La incapacidad de operar con los mejores equipos porque ante la falta de inversión debió recurrirse a la reserva que se mantenía sólo para atender cortas emergencias,  ha imposibilitado mantener los niveles de eficiencia del sector eléctrico. La eficiencia ha caído por la necesidad de utilizar ese equipamiento antiguo y de mayor consumo de combustibles por unidad de producción, el MWh.

A esa pérdida de eficiencia hay que agregar costos crecientes de los combustibles líquidos que reemplazan al gas natural en la generación eléctrica, porque el control de precios no ha estimulado la inversión en los campos de gas y las reservas han caído de manera sorprendente (algo más de 40 por ciento en seis años). La inflexibilidad de precios introducida por el nuevo régimen económico de la energía ha desequilibrado, en consecuencia, los mercados de la electricidad y del gas en el país.

Hasta el momento, tales desequilibrios los paga el sector público en su mayor parte, al hacerse cargo de los sobrecostos que surgen de la importación del fuel oil que este año alcanzaría a 800 millones de dólares. Surge así un sistema de subsidios insensato, porque originalmente benefició enormemente a muchos que no lo necesitaban (piénsese en los exportadores que competían con productos en el mundo que pagaban más cara la energía que utilizaban y que, además, gozaban de un dólar sobrevaluado alrededor de 3 pesos) y porque sigue sin diferenciar los beneficiarios ya que la Tarifa Social no se ha implementado a lo largo de cinco años.

De modo tal que junto con haber creado desequilibrios en el mercado energético se comenzó a minar las condiciones de estabilidad del superávit fiscal, hecho que no se percibía en un principio, pero que a medida que el gasto público crezca más que los ingresos, el problema del sector energético comenzará a hacerse sentir con mayor intensidad en las cuentas públicas.

Pero, los desequilibrios inducidos no se detienen en lo fiscal, porque Argentina va en camino a generar déficit en su balanza comercial energética. Sólo la importación del gas acordado con Bolivia, tendría un costo de no menos de 2.200 millones de dólares. 

Finalmente, un país sin confianza energética no atrae a muchas actividades industriales para las cuales la disponibilidad de energía ininterrumpible es esencial. Eventualmente, también por ese lado pueden aparecer problemas que generen desequilibrios en otros mercados de bienes y del trabajo.

De ahí que las condiciones internas para avanzar hacia un horizonte de seguridad energética están íntimamente vinculadas a los grados de flexibilidad que se vayan introduciendo en los precios del sistema, alejando la intervención del Estado y dando lugar a una vinculación políticamente sana y profesionalmente idónea  entre el mercado y los entes reguladores. Todo ello ayudará a reestablecer progresivamente el equilibrio de los mercados, si las políticas se manejan de manera económicamente correcta.

Finalmente, si el país tendrá que buscar en el mundo parte de su abastecimiento de energía primaria (petróleo y gas), el camino es la diversificación de las fuentes. Esta es la tendencia que no sólo surge del análisis económico y del sentido común sino que también es el camino que se ve seguir a China, India, Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros. Es la única manera de compartir los avances del mundo a la vez que se reducen los riesgos de la dependencia externa.

Por Francisco Mezzadri*, Doctor en Economía especializado en la industria energética.