Los demandantes de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF amenazaron con pedirle a la jueza estadounidense Loretta Preska que declare al Estado y a sus funcionarios en "desacato" de sus órdenes, para presionar por una negociación o el pago directo de la sentencia de US$ 16.100 millones más intereses, que acumulan otros US$ 2.000 millones y corren a una tasa de interés de 5,42% anual.

Los administradores de las quiebras de las sociedades Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (que pertenecieron a la familia Eskenazi) y Eton Park, financiados por Burford Capital, se pueden convertir en un verdadero problema para el país, mientras se resuelve la apelación a la sentencia de fondo y otros dos casos paralelos.

El pedido a la jueza Preska es porque los demandantes consideran que el Estado no cumplió en tiempo y forma con la entrega de las comunicaciones de funcionarios y autoridades, pese a que el país todavía tiene una prórroga hasta el 10 de enero de 2026 para hacerlo, en la nueva fecha límite formal.

Solamente a partir del 15 de enero estarían en condiciones de realizar esa solicitud.

Vale aclarar que la defensa argentina señala que no le corresponde al Estado meterse en las comunicaciones y que solamente puede apelar a la buena voluntad de cada mencionado en la causa del discovery, donde se busca descubrir si empresas y organismos como YPF, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Arsat, el Banco Nación y el Banco Central son "alter ego" del Estado para embargar sus activos.

Si la jueza Preska declarara en "desacato" a la Argentina abrirá la puerta a posibles embargos de activos en el exterior y a sanciones adicionales para los funcionarios, además de que complicará la búsqueda de financiamiento para el Estado y, por lo tanto, para las empresas, al golpear sobre el precio de los bonos soberanos y elevar el riesgo país.

"El costo más inmediato es reputacional: Argentina no estaría cumpliendo las reglas del juego de Nueva York. Hay un antecedente de desacato de la Argentina en 2014, declarado por Thomas Griesa (el antecesor de Preska), y una de las consecuencias fue no poder pagar la deuda y caer en default", explicó una fuente que prefirió reservar su nombre.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, puntualizó: "La última vez que Argentina estuvo en desacato fue allá por el 2014-2015, cuando Cristina Kirchner era presidenta y estábamos en medio de la batalla con los holdouts. En aquel momento estábamos afuera de los mercados de capitales y por eso nos afectó mucho. Ahora es diferente porque estamos buscando entrar a los mercados".

"No sabemos si Preska va a declarar a la Argentina en desacato, pero vienen presentaciones cruzadas en el caso hasta el 5 de marzo, cuando arranca la semana argentina en Wall Street. Habrá que ver si una de las sanciones de la jueza puede impedir a los funcionarios entrar a Estados Unidos", evaluó.

Desde la Procuración del Tesoro, que lleva adelante la estrategia del Estado, aclararon que "la Argentina no se encuentra ahora en desacato".

"Los demandantes pueden pedir lo que ellos quieran al tribunal recién a partir del 15 de enero. Argentina ha sido más que cooperativa en todo este proceso de discovery y seguimos haciendo entregas de lo que se está obteniendo de los teléfonos de aquellos que cooperaron y que brindaron su consentimiento".