La cancelación definitiva de las negociaciones de fusión de las mineras Rio Tinto y Glencore generó en la minería mundial y nacional (principalmente San Juan) un impacto de la misma magnitud que meses atrás logró el anuncio de fusión de las compañías.

El desenlace negativo no se explica únicamente por una disputa financiera entre corporaciones globales: detrás del fracaso aparecen tensiones estratégicas, diferencias estructurales y consecuencias que trascienden el plano corporativo, con derivaciones directas en países y regiones que aguardaban señales de consolidación inversora, como en la provincia cuyana.

El anuncio del fin

El jueves pasado, Rio Tinto comunicó formalmente que no avanzaría ni con una fusión ni con ningún otro tipo de acercamiento empresarial con Glencore. Su contraparte respondió con un escueto comunicado en el que afirmó que “tomaba nota” de la decisión. De manera conjunta, ambas compañías sellaron una “declaración de no tener intención de presentar ofertas”, el instrumento habitual para clausurar negociaciones fallidas en los mercados internacionales. La diplomacia del lenguaje corporativo, sin embargo, no logró ocultar que la ruptura obedeció a desacuerdos profundos y, en apariencia, irreconciliables.

Según coinciden analistas financieros y especialistas en minería, el punto de quiebre estuvo en la valuación relativa de los activos, la estructura de control de la eventual compañía fusionada y la percepción de la contribución estratégica de cada grupo.

Rio Tinto, con una capitalización bursátil sensiblemente superior y una estrategia de disciplina financiera muy marcada, no estuvo dispuesta a ceder posiciones clave en la conducción ni a reconocer una prima que, a su entender, no se correspondía con los riesgos asumidos. Glencore, en cambio, consideró que la propuesta explorada subestimaba el valor de su cartera, en particular su negocio de cobre, uno de los activos más codiciados en el actual contexto de transición energética.