Así, lo precisó el gobernador Alberto Weretilneck ayer en diálogo con la prensa en Viedma aunque aclaró en que todavía restan cerrar algunos aspectos. Aseguró, por caso, que los desembolsos de las petroleras a la Provincia no están cerrados.

“Se avanzó y se está en la parte final. Están los conceptos que la Provincia pretendía incorporar y en eso se ha llegado a un consenso. Faltan los aspectos económicos”, remarcó.

La discusión lleva meses, pero se intensificó y se hizo pública en febrero con los trabajos por cumplir en el territorio rionegrino y las postergaciones gubernamentales de los permisos requeridos por parte de las petroleras.

Previamente, Weretilneck pretendía un entendimiento por los ingresos que tendría Río Negro por el oleoducto del oleoducto y, además, la cesión de tierras en Punta Colorada (tanques de almacenamiento) y las facilidades para las instalaciones portuarias para la exportación del petróleo de Vaca Muerta.

El gobierno provincial partió de un pedido del 1% de lo transportado y, tras un inicial rechazo, el consorcio -que encabeza YPF y participan Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell- aceptó una negociación conjunta, previendo la totalidad de los conceptos.

A fines de marzo, la Provincia otorgó un permiso provisorio a las empresas para iniciar trabajos en el predio donde se instalarán los tanques en Punta Colorada.

Por esos días, el mandatario decía que Río Negro “no puede ser un pasamanos” y que no era “admisible que la única que no gane sea la Provincia que pone su territorio, sus rutas, sus ríos y su mar”. Advertía en esos momentos de que su gobierno no tenía ningún “apuro”.

A fines de marzo, la Provincia autorizó provisoriamente el inicio de trabajos e n Punta Colorada para descomprimir la situación y, además, en ese momento, los equipos técnicos de las partes ya daban cuerpo a los puntos convenidos en discusiones superiores.

El marco de los desembolsos se concentra en un monto inicial, que Río Negro explica en la ley 5.594, aprobada en septiembre del 2022, que habilitó la construcción del oleoducto por su derogación de la normativa que prohibía esa posibilidad en el Golfo San Matías. El artículo 10 de la nueva norma establece un “aporte al desarrollo territorial”, “por única vez en caso de nuevos proyectos u obras y más allá de los compromisos que adicionalmente asuman contractualmente”.