La idea de última de las empresas es recurrir a tribunales internacionales para resolver diferendos comerciales en caso de ver vulnerados sus intereses, como sucedía en tiempos no muy lejanos. Apenas a inicios de este mes, esa posibilidad era impensada; hoy ya está en la mira. Ocurrió después del congelamiento de precios del petróleo crudo y los combustibles líquidos como naftas y gasoil a través del 

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, medida del Gobierno que recordó los tiempos más proclives al intervencionismo del kirchnerismo, tan temido por las empresas del sector. En su afán de cuidar a la población de los efectos de la devaluación inmediatamente posterior a las elecciones PASO, el Gobierno intervino el mercado petrolero y arrojó un manto de incertidumbre sobre el futuro de Vaca Muerta, la estrella que promete ser el paraíso exportador en los próximos años. Según supo El Cronista, petroleras extranjeras preguntaron sobre la viabilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mientras que las compañías locales inquirieron sobre la supuesta inconstitucionalidad del DNU. Aunque por el momento descartan la ruptura de relaciones que sería ir al CIADI, dada la transitoriedad de la medida (90 días), la carta ya está sobre la mesa. 

En este escenario, la inversión energética está planchada. El proyecto más importante, que es la construcción de un nuevo gasoducto y la operación de la licencia de Transportadora de Gas del Centro (TGC) está informalmente suspendido, a la espera de la asunción de un nuevo Gobierno. Según comentaron desde una compañía del sector, la Secretaría de Energía postergó hasta noviembre la presentación de ofertas, originalmente fechada para el 11 de septiembre. En el medio, las elecciones generales del 27 de octubre confirmarían a Alberto Fernández como nuevo Presidente (excepto que se necesite una segunda vuelta, algo que luce muy improbable) y el Frente de Todos podría otorgar mayores certezas sobre la política energética venidera. Al momento de presentar la oferta para la construcción del gasoducto, que costaría en su primera etapa unos u$s 800 millones, el interesado también debe constituir una garantía de u$s 8 millones. 

"Nadie la va a desembolsar si creen que va a haber un cambio en las reglas de juego", aseguran en el sector. El riesgo político y el miedo que tienen algunas empresas a una nueva etapa de intervencionismo estatal es crucial. YPF anunció que perderá entre u$s 300 millones y u$s 360 millones y recortará gastos de capital en los próximos 3 meses y Vista Oil & Gas se presentó en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia, mientras su acción en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos (NYSE) cayó un 40% a exactamente un mes de que empezara a cotizar. Asimismo, Pan American Energy (PAE) manifestó problemas en sus operaciones petroleras en Chubut, por el conflicto del gobierno provincial con el pago de los salarios de los empleados estatales, que mantienen las rutas cortadas. 

El ex secretario de Energía Jorge Lapeña criticó seriamente a las petroleras que amenazan con parar operaciones y las conminó a mostrar sus costos. De todas formas, existe algo más tangible que imposibilita ahora las inversiones de gran magnitud: el elevado riesgo país de la Argentina, que superó ayer los 2000 puntos básicos. Para financiar cualquier inversión en el país, una empresa debería pagar una tasa mayor al 22% anual en dólares. Así las cosas, las inversiones en energías renovables, proyectos que necesitan de ingentes sumas de capital (y financiación) en el principio y pocos recursos para el mantenimiento a largo plazo, también están frenadas. 

El subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Sebastián Kind, afirmó: "Tener 2000 puntos de riesgo país hace imposible financiar cualquier proyecto. Impacta en toda la economía". La reciente ronda 3 (Mini-Ren), adujo, avanzará y pronto se firmarán los contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), porque se adjudicaron proyectos de pequeña escala con equity (financiamiento con capital propio). La ronda 4, en cambio, que el Gobierno planeaba para fin de año, está virtualmente suspendida, lo mismo que los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) para tender unos 3000 nuevos kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en todo el país.