Días atrás, el usuario Sushiplanero posteó en Facebook un mensaje en el que señala que por culpa del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, la Argentina deberá pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF. Sin embargo, esa afirmación no puede ser probada, puesto que trata sobre un proceso judicial en marcha ante los tribunales de Nueva York, en el que actualmente se discute la jurisdicción en el que debería ser tratado. La cifra, en tanto, no fue confirmada oficialmente por ninguno de los organismos nacionales públicos encargados de la defensa de la Argentina, ni tampoco fue reclamada formalmente por el fondo Burford Capital, quien inició la demanda. 

A continuación, un repaso por los principales aspectos del juicio, los fundamentos de la demanda, la defensa argentina y la respuesta del entorno del precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos. El post de Sushiplanero cuenta con más de 83 mil compartidos y 1.500 mensajes, y fue publicado el 24 de junio último. Axel Kicillof quiere ser Gobernador. Hagámosle acordar a la gente, quién es Kicillof y que gracias a él, Argentina deberá pagar US$ 3.000 millones por la expropiación de YPF, que según él, no nos iba a costar un peso. Caradura, reza el mensaje viral (para más precisiones sobre esta afirmación, también se puede consultar esta nota ). 

Sushiplanero es una cuenta con 18.800 seguidores en Facebook, cuyo nombre real no se conoce, y que manifiesta en sus posteos apoyo al actual Gobierno, aunque en algunos casos incurre en la difusión de desinformación, como puede verse aquí . La publicación se realizó en medio del proceso judicial que el fondo Burford Capital mantiene en Nueva York contra el Estado argentino por la estatización de YPF y la posterior quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. El proceso se sustancia en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo las órdenes de Loretta Preska, la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, conocido en nuestro país por llevar adelante el reclamo de los denominados fondos buitre contra la Argentina. 

En diferentes medios de comunicación se consignó que, de perder el litigio, el país estaría obligado a desembolsar US$ 3.000 millones como compensación a Burford. Sin embargo, esa cifra no fue confirmada por ninguno de los organismos argentinos que intervienen en la defensa jurídica de los intereses del país, ni tampoco fue solicitada formalmente por los demandantes, según pudo comprobar Reverso . Burford es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores. En otras palabras, funciona a nivel judicial del mismo modo que los llamados fondos buitre lo hacen con la compra de títulos de deuda de alto riesgo. 

Concretamente, este fondo compró el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, compradas a la petrolera española Repsol en dos operaciones en 2008 y 2011. Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. En su estrategia de defensa ante la Justicia de los Estados Unidos, la Argentina considera fraudulenta esta operación, por lo que alega que no debería continuarse con el litigio. El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol. 

A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros. La quiebra de las dos compañías del Grupo Petersen recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas. Consultados al respecto, voceros del Grupo Petersen señalaron que con la estatización se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos, y al no poder hacerlo, muchas acciones se las quedaron los bancos acreedores, y por otra parte quedaron un montón de créditos impagos, por eso las empresas se presentan en quiebra en Madrid. (...)