Desde que el Gobierno del Partido Popular reactivó el proyecto de realizar prospecciones petrolíferas en Canarias, el miedo de que Repsol pueda sufrir un accidente como el de British Petroleum (BP) en el Golfo de México ha planeado sobre la sociedad canaria. El riesgo es reducido, pero ¿existen medios en caso de desastre? Y ¿quién debe hacerse cargo?

“El problema, más que de recursos, es de gestión”. Jesús Cisneros, profesor de Oceanografía Costera y Procesos Físicos de la Contaminación Marina del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), alerta del peligro que supone no contar con una hoja de ruta para coordinar a todas las administraciones implicadas.

Esta carencia, además, no afecta solo a las prospecciones de petróleo que Repsol hará frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote: es fundamental para garantizar la seguridad de un territorio que cuenta con dos autopistas marítimas por las que pasan decenas de petroleros cada día. Esta certeza ha llevado a Cisneros a ponerse manos a la obra y no esperar a que el Gobierno canario y el central dejen por escrito cómo se debe gestionar el desastre.

El científico ya está trabajando en el plan a través del International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), una organización sin ánimo de lucro que nació en 1968 como consecuencia del derrame del Torrey Canyon, uno de los primeros superpetroleros del mundo, y que ha respondido a más de 700 incidentes relacionados con petróleo o químicos vertidos en todo el mundo.

El Torrey Canyon encalló frente a la costa suroeste de Inglaterra y vertió 119.000 toneladas de crudo al mar. Se trató del derrame más grande hasta la fecha. En esa época la ley relativa a la contaminación por hidrocarburos estaba poco desarrollada y la reclamación de daños por contaminación dependía sobre todo de que se demostrara que el propietario del buque había cometido alguna negligencia.

“ITOPF quiere que Canarias tenga una respuesta específica en caso de vertido, sea de barco o de plataforma, porque se ha demostrado que los planes actuales no sirven. Cada vez que hay un pequeño vertido la descoordinación es enorme: nadie sabe qué hacer. Hay que coordinar a todas las administraciones -ayuntamientos, cabildos, Gobierno..- y formar a la gente; es necesario impartir talleres a posibles voluntarios”, subraya Cisneros.

Y añade: “El riesgo mayor no es el vertido en alta mar, porque eso está más o menos controlado, Salvamento Marítimo sabe qué tiene qué hacer. El problema es cuando llega a costa; hace falta coordinación, pero también más medios. En mar abierto las cosas están un poco más claras pero en tierra están muy oscuras”.

Salvamento Marítimo, entidad dependiente del Ministerio de Fomento y encargada de velar por la seguridad marítima, cuenta con un batería de medios, algunos ubicados de manera permanente en el Archipiélago, para combatir la contaminación por hidrocarburos.

En concreto, Salvamento tiene permanentemente en las Islas un buque polivalente, un remolcador, diez salvamares, un guardamar, un avión, dos helicópteros, tres embarcaciones de Cruz Roja y una base estratégica que presta apoyo de infraestructura logística y provisión de equipos. No obstante, fuentes de esta entidad insisten en que todos los recursos repartidos por el territorio español pueden movilizarse si la emergencia lo requiere.

El Gobierno de Canarias, que ha manifestado su preocupación por la escasa preparación que existe ante un vertido, remitió en junio pasado al Gobierno central su propio plan, pero aún espera respuesta. De hecho, fuentes del Ejecutivo autonómico insisten en que desconocen con qué medios cuenta el Estado para atajar un accidente de estas características. Cisneros, por su parte, ha tenido acceso al documento elaborado por las autoridades canaria, pero recalca que “es papel mojado si no están de acuerdo las instituciones”. “Como están peleados, no sé qué pasará”, lamenta el experto.

El profesor, que es muy consciente de la dimensión internacional que acarrearía un derrame cerca de Canarias, también se ha puesto en contacto ya con distintos representantes marroquíes para compartir información ante un posible accidente a uno u otro lado de la mediana -no oficial- que separa las aguas marroquíes de las españolas.

“Es imprescindible examinar todo lo que tenemos para analizar qué queda por desarrollar. Marruecos parece que está dispuesto a colaborar. No obstante, lo más difícil va a ser la coordinación entre las instituciones canarias y la central”.

La mala gestión de accidentes como el de BP en el Golfo de México – entonces Estados Unidos eximió a la multinacional petrolera de tener plan de emergencia ante un hipotético vertido- hace que la ciudadanía esté más concienciada y pida más garantías. En el caso americano, la administración del presidente George Bush dejó de exigir estrategias concretas de respuesta a fugas de petróleo en la zona, una decisión que tuvo importantes consecuencias económicas y medioambientales cuando se produjo el vertido.