Según la decisión tomada por la jueza Mónica del Carmen Cubillos, del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y Minas de San Rafael, el llamado a audiencia pública para el Área Anexo 8 Río Diamante fue suspendido por no contemplar las leyes vigentes y excluir a General Alvear del mismo.

El pedido de recurso de amparo había sido presentado hace poco por el abogado Gustavo Correa, representante de organizaciones ambientalistas de Mendoza, y la demanda contó con el apoyo implícito de la Municipalidad de General Alvear. Pilar, miembro de la Asamblea Popular por el Agua, dialogó con MDZ Radio y señaló que el área afectada "es parte del norte de San Carlos, todo San Rafael y una porción de Malargüe".

"La empresa se comporta de modo vergonzoso  porque describió como es el área pero cuando llega el momento de describir el proyecto no dice absolutamente nada solo dice que se desarrollará actividad y explotación petrolera y actividades asociadas a las mismas. La manifestación de impacto ambiental está plagada de falencias", describió la asambleísta.

"No queda claro cómo se afecta el recurso hídrico pero la empresa admite que el impacto ambiental es negativo y que impacta suelo flora y agua de manera moderada", remarcó Pilar.

Incluso, a principios de esta semana, el Ejecutivo comunal alvearense había enviado una nota al Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales para que suspenda la audiencia con los mismos argumentos de la demanda judicial.