Mucho más de la mitad de los partícipes objetaron el contrato o, en el mejor de los casos, plantearon dudas sobre su contenido. Los funcionarios buscarán despejar distintos interrogantes que serían determinantes para el aval o rechazo en la próxima sesión legislativa. Los legisladores oficialistas, los representantes gubernamentales de Catriel, como también los sectores gremiales o empresariales plantearon el urgente respaldo al acuerdo con Petrobras. El impacto ambiental fue el argumento censor más repetido. En esa línea, la diputada nacional María Emilia Soria alertó con un informe crítico de las consecuencias que dejan los pozos de Petrobras, trabajo que requirió Energía pero que no apareció en el expediente. Anoche, en un comunicado, esa Secretaría informó que ese análisis privado fue reemplazado por otro más amplio del DPA.

El número finalmente llegó a 40 expositores, de los cuales una quincena fueron quienes hablaron a favor, prevaleciendo el argumento de la reactivación económica y los puestos de trabajo. El resto fueron críticos, algunos con durísimos cuestionamientos -como los ambientalistas- y otros priorizando sus dudas o requiriendo precisiones.

Este precedente fue recogido por el gobierno de Alberto Weretilneck frente a la necesaria ratificación del acuerdo por parte de la Legislatura. Es cierto, que la Audiencia -que presidió la legisladora Silvia Horne- no es vinculante, pero hablaron ocho legisladores, de los cuales cinco se mostraron muy críticos, exigiendo explicaciones que podrían llegar hoy con las respuestas de los funcionarios a las problemáticas aludidas.

La mayor incógnita está en la postura del bloque pichettista Eva Perón. Sus tres legisladores Alejandro Marinao, Roberto Vargas y Luis Esquivel- lanzaron un racimo de interrogantes. Casualmente, Marinao abrió las posturas y comenzó con las dudas, concentradas en "si están definidas" las futuras inversiones y qué ocurrió con las prometidas de las concesiones que vencen.

Pidió precisión sobre si está el aval del Directorio al plan de inversiones, a lo cual, Horne afirmó que ingresó el 17 de junio. Luego, el radical Bautista Mendioroz aclararía que así el gobernador envío el acuerdo sin ese respaldo empresarial. Marinao pidió a Petrobras si puede prometer que transferirá sus derechos, por lo menos, por los próximos cinco años.

Después, el legislador Vargas requirió respuestas a una auditoría ambiental ya que en la zona de Petrobras "existen cerca de 215 viejas piletas a cielo abierto", y Esquivel aclaró que se evalúa a futuro cuando hay cuestionamientos a lo que la petrolera realizó con los contratos que vencen. Así, advirtió del litigio existente porque "la empresa se niega a pagar los Ingresos Brutos".

Tres legisladores oficialistas defendieron el acuerdo, aunque no se ocuparon de dar respuestas puntuales. Pedro Pesatti reivindicó el contrato para "fundar un nuevo pilar de la economía en Río Negro, para dejar de ser una provincia con petróleo para ser una provincia petrolera. Tania Lastra reivindicó que este proceso está basado en la ley 4.918 que se logró con el "mayor consenso" y después, López valoró el acuerdo desde lo gremial.

Desde el radicalismo, Mendioroz fundamentó que "hay más dudas que certezas" porque "falta documentación" y además, se preguntó "¿por qué no utilizamos la licitación pública para estos contratos y para qué negociar ahora?".