Según el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, "no había convicción para formular una acusación" contra los dueños de la minera San Esteban, compañía propietaria de la mina San José ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) en la región, a 800 kilómetros al norte de Santiago.

El derrumbe ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en un lapso de 25 horas, en la culminación de una inédita situación de supervivencia y esfuerzos mancomunados del gobierno y empresas privadas chilenas y extranjeras.

Los mineros volvieron a la superficie en una cápsula construida especialmente por la Marina chilena, que se introdujo a través de un orificio de 50 centímetros de diámetro excavado con exactitud milimétrica hasta donde permanecían los mineros, tras comprobarse el 22 de agosto que se encontraban vivos. También se excavaron otros boquetes, aún más pequeños, por los que se les suministró a los trabajadores alimentos, ropa y equipos de comunicación.

Según publica el diario La Tercera, el fiscal Mella declaró que después de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó que no había antecedentes suficientes para continuar la investigación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra los responsables del Sernageomin. Se decidió no perseverar en la indagación "porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado", precisó.

Hace tres años, la Fiscalía abrió la investigación con el objeto de establecer si había responsabilidades penales tras el accidente, atribuido en ese entonces a la falta de medidas de seguridad en la mina, tras la presentación de varias querellas contra la empresa y los funcionarios públicos que supuestamente habían dejado de cumplir las normativas de seguridad.

Catherine Lathrop, abogada de los dueños de la mina, manifestó: "nosotros estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza". A su juicio, la decisión de la Fiscalía de no perseverar "es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito".

"Nosotros siempre hemos sostenido que fue un lamentable accidente; fue sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso", indicó Lathrop. En la parte civil del caso, el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa, que ésta debía pagar cinco millones de dólares al Estado por los costes que tuvo el rescate de los mineros.