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El juez federal Sebastián Ramos dictó una medida cautelar en favor del sindicato SuPeh Flota petrolera, que representa a los operarios marítimos que trabajan en las embarcaciones contratadas por YPF, y ordenó que se suspenda temporalmente la contratación de la empresa Compañía Naviera Horamar, a la que en septiembre del año pasado se le adjudicó un contrato de u$s67 millones por parte de YPF, hasta que no se determine si directivos de la petrolera no incurrieron en prácticas ilegales e irregulares al momento de cerrar esa licitación.
Fuentes de la empresa anticiparon a Ámbito que no comparten los fundamentos del fallo y que apelará la decisión. Las mismas fuentes indicaron que “YPF SA ratifica que el llamado a la licitación nacional e internación para la prestación del servicio de transporte fluvial a partir del año 2021 se realizó sobre bases transparentes y competitivas, favoreciendo la participación de varios oferentes, de conformidad a las normas internas de YPF SA”. En su fallo, el juez Ramos asimila las responsabilidades de los directivos de YPF a las de un funcionario público. Según el juez, aunque se trata de una sociedad anónima (pero de dueños estatales), la asimila a una empresa estatal. En consecuencia, sus directivos podrían tener las responsabilidades legales de cualquier funcionario público.
Ramos está investigando si los ejecutivos de YPF y funcionarios de la administración de Cambiemos cometieron el delito de “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y de “defraudación contra la Administración Pública”. Pese a tener escasa repercusión en medios nacionales, el conflicto judicial por la contratación de Horamar captó la atención de la política. Por ejemplo, el ex ministro de Justicia Germán Garavano realizó una gestión personal con el juez Ramos para que el magistrado recibiera a los representantes legales de YPF.
A la luz de los hechos, esa diligencia no tuvo los resultados buscados. Hasta tanto no se expida sobre esa cuestión de fondo, el titular del juzgado federal Criminal y Correccional Nº2 impidió que YPF y Horamar sigan adelante con la ejecución del contrato. Por tal motivo, Horamar —uno de los principales jugadores del sector marítimo, que es controlada por el grupo multinacional Navios Maritime— deberá frenar la construcción de seis barcazas y tres remolcadores que está fabricando en astilleros radicados en Paraguay.
Para YPF, la decisión de Ramos es un golpe de efecto. No sólo porque interrumpe la implementación de un contrato estratégico que fue presentado por la gestión pasada como uno de los puntales para reducir los costos logísticos de combustibles. También porque con una extensa resolución de 52 hojas, el juez federal establece una serie de criterios interpretativos que podrían tener implicancias negativas para YPF en ámbitos de la gestión. Por caso, Ramos deja entrever que pese a ser una empresa privada, a la petrolera le caben también responsabilidades legales similares a las de una compañía estatal. Y en esa misma línea, el magistrado parece homologar en ciertas ocasiones la responsabilidad penal de los directivos de YPF con las de un funcionario público.
“YPF se encuentra analizando los fundamentos y el alcance de la medida cautelar dictada el pasado 18/9 por el juzgado Criminal y Correccional federal N° 2, pero sin dudas, presentaremos un recurso recurriendo la medida cautelar”, indicaron fuentes de YPF ante la consulta de EconoJournal. “YPF no comparte los fundamentos expuestos por el juzgado para el dictado de la medida, razón por la cual procederá a recurrirla.
La empresa ratifica que el llamado a la licitación nacional e internación para la prestación del servicio de transporte fluvial a partir del año 2021 se realizó sobre bases transparentes y competitivas, favoreciendo la participación de varios oferentes, de conformidad a las normas internas de la empresa”, afirmaron. La adjudicación se hará efectiva recién a partir del 1º de enero de 2021, por lo que hoy Horamar se encuentra en pleno proceso de construcción de las embarcaciones necesarias para prestar el servicio. Uno de los problemas es que la fabricación se lleva adelante en Paraguay en Astilleros del Chaco.
Fuente: Ambito Financiero
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