"Tenemos que evitar otro Prestige, evitar a los irresponsables y evitar el petróleo y, por desgracia, tal y como está la situación a día de hoy, otro Prestige es posible", ha advertido la directora de campañas de Greenpeace España, María José Caballero. Así lo alerta la organización ecologista en el informe “La injusticia del Prestige�, al tiempo que denuncia que en el juicio que comienza este martes no se sentarán en el banquillo de los acusados todos los responsables. En este sentido, Caballero ha explicado que Mariano Rajoy tenía la responsabilidad de gestionar la crisis y, según ha apuntado Caballero, la gestión que se hizo "ralla la negligencia". Además, según ha apuntado Greenpeace, Rajoy "no informó adecuadamente a la sociedad sobre los datos reales de la catástrofe".

Además, el informe subraya que �lvarez-Cascos respaldó la decisión de alejar el barco de las costas gallegas "ignorando" así, según señala el estudio, el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, y provocando, según añade, el hundimiento del petrolero el 19 de noviembre de 2002. El texto apunta también como responsables al entonces y ahora ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, por "minusvalorar la dimensión ambiental de la catástrofe"; al exministro de Medio Ambiente Jaume Matas, por la "ineficacia" de la "limpieza de la costa y las playas"; al entonces delegado del Gobierno en Galicia Arsenio Fernández de la Mesa, por su "política de desinformación" y su participación en la decisión de alejar el buque de las costas gallegas"; y al capitán marítimo de A Coruña hace diez años, �ngel del Real, por "no comunicar a sus superiores que había opciones viables para no enviar el Prestige a alta mar.

Igualmente, el informe responsabiliza de la catástrofe a la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, --por menospreciar el potencial tóxico vertido-- , al entonces director general de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) Javier Gárate Hormaza, al exsubdirector general de Tráfico y Seguridad Marítima Manuel Nogueira Romero, al entonces inspector de Capitanía Marítima Serafín Díaz y al exconsejero de Pesca Enrique César López-Veiga. Caballero ha insistido en que si se hubiera seguido el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación, el petrolero se hubiera llevado al Puerto de A Coruña pues, según ha precisado, tenía calado para entrar, y el vertido de fuel "se hubiera contenido ese mismo día".

En el marco del citado plan, según recuerda el informe, el 19 de septiembre de 2001 se hizo un simulacro frente al puerto de A Coruña en el que se ensayaba el hundimiento de un petrolero y la Dirección de Marina Mercante así como la sociedad de Salvamento y Seguridad  Marítima adoptaron la decisión de llevar el barco a puerto y allí extraer el petróleo. El informe de Greenpeace destaca que el vertido de fuel, que afectó a 2.600 kilómetros de costa española, fue debido a los "fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones" así como a las "deficiencias en la legislación y régimen de responsabilidad en el transporte marítimo" que, hoy en día, según apunta Greenpeace, "siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera".

"LA JUSTICIA LLEGA TARDE"

Por su parte, el abogado de Greenpeace, José Manuel Marraco Espinós, ha pedido un cuerpo de peritos forenses ambientales que asesore a los jueces en esta materia y ha remarcado que este tipo de problemas no se solucionan con el derecho penal. "El derecho ambiental es un derecho preventivo, y estamos asistiendo a la huida al derecho penal. Que hay incendios forestales, subimos las penas", ha criticado. En esta línea, ha precisado que en esta catástrofe existen "dos conductas perfectamente diferenciadas" de forma que, aparte del hecho de que en 2001 hubiera "una chatarra flotante de 26 años con 77.000 toneladas de fuel pesado", existe el problema de la gestión de la catástrofe ante lo que se ha preguntado "por qué el ministerio fiscal solo acusa al capitán del Prestige".

"¿No hay nadie responsable de la administración?", ha remarcado. "Mañana mismo podría ocurrir una catástrofe como esta, no aprendimos de la catástrofe de Doñana", ha subrayado al tiempo que ha indicado que "no se puede pensar que diez años después esa justicia que llega tarde va a resolver el problema del Prestige porque los problemas ambientales no se resuelven en la administración de justicia". "Pedimos que el derecho al medio ambiente sea un derecho efectivo y tenga esa tutela judicial efectiva que con esta administración de justicia y estas leyes procesables lamentablemente en este momento no se puede llevar", ha añadido.

Fuente: Europa Press

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