La Delegación Zona Norte de la Subsecretaría de Medio Ambiente provincial se encuentra evaluando, a través de una auditoría, el estado de los acuíferos subterráneos de toda la región petrolífera en la cuenca del Golfo San Jorge.  La finalidad es presentar el informe en una próxima sesión de la Legislatura provincial. Todavía está en proceso el examen de los datos.

Hace algunos días, el delegado de esa cartera, Omar Fernández, se reunió con los diputados Eugenio Quiroga y Rubén Contreras, de Caleta Olivia; Ana María Urricelqui de Jaramillo y Horacio Miguel de Pico Truncado.

Los legisladores se mostraron preocupados por la posible contaminación del acuífero Patagoniano, uno de los más caudalosos y más antiguos de la Argentina. Es esta subsecretaría la que se encarga del monitoreo permanente del uso del agua por parte de las operadoras. Por eso ha avanzado en un proyecto para que sea aquella quien esté a cargo definitivamente de la inspección, aunque formalmente le corresponde a Recursos Hídricos, dependiente del Consejo Agrario Provincial.

“En la práctica, lo hacemos nosotros al control”, dijo Omar Fernández, recordando que cuando las operadoras hacen abandono de pozos, se hacen punzados en la zona cercana para ver si existen pérdidas. El funcionario reconoció que hubo detección de roturas de cañerías o pérdidas de hermeticidad y que afectaron al Patagoniano.

A través de un comunicado de prensa, el organismo ambiental indicó que “se ha podido determinar y comprobar la existencia de más de 150 sitios donde se manifiesta la afectación de diferentes acuíferos. En estos sitios, los que se encuentran acotados y asociados a determinadas instalaciones, se ha establecido la afectación de los acuíferos por presencia de hidrocarburo y/o agua de producción”.

Asimismo, se detectaron anomalías por presencia de gas y/o gasolina en el subsuelo, en determinadas instalaciones; todos estos contaminantes relacionados directamente con la actividad petrolera.

“En general, las anomalías, determinadas mediante la realización de muestreos y posteriores análisis químicos, se encuentran asociadas a las instalaciones de superficie, como ser plantas y baterías, siendo estas producto de pérdidas tanto en piletas de emergencia como de proceso y/o en tanques o ductos soterrados, todo esto agravado por la falta de mantenimiento, inversión, compromiso y la desidia de las diferentes empresas”, dice el comunicado firmado por Fernández.

Estas irregularidades se han podido detectar “gracias a la presencia de pozos de monitoreo existentes en las diferentes instalaciones, pozos que al crearse esta Delegación, en el año 2004, eran insuficientes y que las mismas operadoras decidían en donde construirlos”, algo que fue modificado a partir de la sanción de la ley de Impacto Ambiental, donde es la subsecretaría quien les dice a las empresas dónde deben construir este tipo de pozos.

“Es de destacar que hasta la fecha, poco más del 50% de las instalaciones de superficie cuentan con este tipo de pozos de monitoreos asociadas y es preocupante el resultado obtenido a partir de los muestreos y análisis efectuados, dando como resultado que casi el 90% de las instalaciones monitoreadas presentan algún tipo de anomalía”, dijo Fernández.

CLAUSURAS

Desde el año 2006 “se realizan pruebas de hermeticidad a más de dos mil pozos inyectores”, de los cuales “clausuramos 900 pozos” por no cumplir con los requisitos de seguridad. “Una vez que intervienen los equipos de work over para poder rehabilitar esos pozos, medimos todo, los perfiles, la reparación y se hace otra prueba de hermeticidad, y si da bien, se habilita”, explicó.

En cuanto al proyecto del diputado Contreras, que implica dar un año de plazo a las operadoras para que busquen fuentes alternativas de agua, el delegado medioambiental consideró que “no se tiene que captar agua dulce para recuperación secundaria”. Incluso su propuesta es que, desde los pozos que hay, se debería perforar más para encontrar acuíferos de agua salobre, que no son aptas para el consumo humano, para que las compañías la utilicen.

De todos modos, dijo que “la mayoría de las operadoras no están sacando agua dulce, salvo YPF en la zona de Aguada Norte, y en las tomas del Senguer. Pero en estas últimas, se bajó a 1.800 metros cúbicos por día, cuando en años anteriores sacaban cerca de 30 mil metros cúbicos diarios”. Recordó que el agua para recuperación secundaria proviene de “circuitos cerrados” dentro de los yacimientos, aunque a las empresas, cuando les falta, recurren a alguna toma de agua dulce.

FUENTES ALTERNATIVAS

Al delegado de Medio Ambiente en la Zona Norte le pareció muy positivo que se les exija a las operadoras que busquen fuentes alternativas, “como ya lo dictaminaba (desde 1992) la resolución 105 de la Secretaría de Energía de la Nación”.

Justamente, un artículo de esa resolución indica que “el operador deberá usar preferentemente la misma agua de producción y, una vez tratada, reinyectarla al estrato de proveniencia, siempre que el yacimiento no tenga un empuje natural de agua de formación.

Sin embargo, y en función de la comercialidad de la explotación petrolífera, el operador podrá usar agua dulce subterránea, siempre y cuando ésta supere el valor promedio de sales disueltas de la cuenca hídrica subterránea donde se perforen los pozos de agua”.

INTIMACIÓN

Sobre estos 150 sitios contaminados, la delegación asegura que “se ha intimado a las diferentes empresas, atento a la falta de respuesta, a comenzar con las tareas de caracterizaciones y posteriores saneamientos de los sitios afectados, tareas que, a pesar de la gravedad de la situación, no se han iniciado, destacándose que hasta la fecha, en casi la totalidad de los casos detectados, las operadoras no han determinado las fuentes potenciales de afectación y si las mismas se encuentran activas o no”.

Y consideró que “estos son claros ejemplos de la desidia en que recaen las diferentes empresas y a la importancia que se le brinda a la protección de los diferentes recursos naturales”.

Finalmente, indican en el comunicado que “es por esta afectación de acuíferos que personal técnico de esta delegación zona norte, ha elevado al subsecretario de Medio Ambiente, una propuesta a fin de sancionar como disposición de esta Autoridad de Aplicación, una reglamentación relacionada a la obligatoriedad de construir pozos de control y monitorear las diferentes instalaciones de superficie, asociadas tanto a este tipo de actividades como aquellas que desde el punto de vista de la operación, pudieran afectar este recurso tan esencial y vital.

Esta disposición contemplará la ejecución de multas de hasta $2.000.000 por cualquier tipo de incumplimiento a lo estipulado en la misma”, concluyó.

Fuente: La Opinión Austral

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