La planta de uranio pertenece a la empresa estatal Dioxitek SA, 99% de cuyas acciones pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1 % restante a la provincia de Mendoza, según el sitio web de la firma.

En Córdoba ha soportado una sostenida resistencia ciudadana desde que comenzó a operar en 1982.

Ya en 1994 la municipalidad de esta localidad argentina pidió que se la relocalice. Los intentos para hacerlo fueron infructuosos, hasta que en el 2012 Dioxitek fue clausurada por violar la ordenanza de uso de suelo y desde entonces permanece cerrada, según publica el diario La Voz del Interior, de Córdoba.

Antes de decidirse su traslado a Formosa, se intentó emplazar la planta a La Rioja, pero por oposición de los pobladores, quedó sin efecto. Según el resumido informe remitido a la Embajada paraguaya en Argentina y por esta a la Cancillería Nacional, la planta que pretenden construir en Formosa estaría a 16 km de la capital de esta provincia.

Se emplazará en un terreno de 1.000.000 de m², y en la etapa de construcción demandará en forma directa unas 400 manos de obra y ya en operación, cerca de 600.

Alegan que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) califica como una “instalación de conversión de uranio que involucra procesos que no revisten riesgo nuclear alguno. No producirá residuos líquidos ni gaseosos, y que Paraguay podrá beneficiarse ante la posibilidad de transferírsele tecnología, formación y especialización de profesionales en ciencias exactas, energía y ambiente, electromecánica, electrónica, etc.