¿Petróleo o agua? ¿Nafta, o frutas y verduras? ¿Súper, o transparente y mineral? ¿Producción agrícola o explotación de hidrocarburos? Mal momento para preguntar, a causa de la crisis energética. Pero el difícil equilibrio entre estas actividades que deben convivir se ha quebrado muchas veces en Mendoza, donde todavía no se sabe con claridad por qué hay acuíferos contaminados en El Carrizal.

El desastre ambiental que en décadas pasadas dejaron en aquella zona y en Ugarteche varias empresas petroleras se ve, se toca y se huele en la tierra yerma y el agua salada. Y ahora hay un nuevo –y apasionante- capítulo de la pelea por el agua. No hace falta decir cuánto vale un humedal en el desierto… Pero… ¿Y el petróleo? La historia que vamos a contar es la del pozo petrolero Barrancas Sur de Avanzada 18, ó Bs.a-18.

Es un nuevo pozo de YPF SA –la empresa “recuperada” por el gobierno y que aún le deben pagar a Repsol- situado en el yacimiento petrolero Barrancas de la Cuenca Cuyana, uno de los más antiguos de Mendoza. El pozo está ubicado a unos 150 metros del arroyo El Carrizal, del que se alimentan varias fincas de producción primaria de la zona de “El Carrizal del Medio”.  Fue “descubierto” por productores en noviembre último, cuando vieron una torre y gente de una empresa de servicios petroleros llamada San Antonio, trabajando con su equipo de exploración número 08 en el lugar.

“Vaya y pregunte en YPF” le dijeron a un productor de la zona ya avispado en estas lides. El asunto, obvio, es el temor por la posible contaminación. El riesgo, dicen los productores, es enorme. Y cuentan la historia de otro pozo, similar al Bs.a-18, que en el año 2003 debió ser corrido unos 1.500 metros por la misma razón por la que ahora se objeta éste: el riesgo hídrico de contaminación. El pedido de relocalización de aquella batería de pozos no fue amable. Debieron hacerlo porque el entonces juez de instrucción Daniel Carniello se los ordenó.

La polémica con el nuevo pozo no es discursiva. Y hay actores muy conocidos involucrados en la polémica. El titular de la Dirección de Protección Ambiental Gonzalo Dávila, el Superintendente General de Irrigación José Luis Álvarez, un inspector de cauce del arroyo El Carrizal y el intendente de Luján de Cuyo Carlos López Puelles fueron denunciados penalmente por violaciones de sus deberes de funcionarios públicos, a causa de la autorización presuntamente irregular para que el pozo entre en producción, lo que comenzó en algún momento entre diciembre del año pasado y el domingo último.

El denunciante es un agricultor mendocino llamado José Cassio Guerra (70),  un hombre humilde que anda en un Peugeot 504 azul bastante desvencijado. Vive aguas abajo del arroyo y cree que si hay contaminación, le va afectar sus tierras, a su producción y a su vida. Cassio no anda solo en esto. Su abogado patrocinante es José Antonio Rubio, un conocido litigante en materia petrolera y de contaminación. En los organismos de control y en las petroleras no lo quieren ni un poco y no lo llaman para el Día del Amigo ni le envían presentes empresarios para las fiestas.

Rubio y Cassio redoblaron la apuesta y se presentaron como querellantes particulares, porque dicen que el pozo fue autorizado sin cumplir previsiones tales como una declaración de impacto ambiental o dar parte a Irrigación, pasos que en el gobierno y el DGI relativizan. Pero, puede que los funcionarios no tengan razón. Hay razones de peso que colocan en una posición comprometida al ingeniero Gonzalo Dávila, director de la Dirección de Protección Ambiental del ahora ministerio de Ambiente de la provincia. El 31 de octubre firmó la resolución 278-13 autorizando el pozo, pero sin cumplir con recomendaciones de cuatro informes técnicos (tres internos y uno de la UNCuyo) y regulaciones de Irrigación que obligaban a dar al DGI intervención previa en todo este asunto.

Dávila dice que no es cierto y que lo hizo después: “Hicimos lo que teníamos que hacer y estamos tranquilos” dijo en una breve declaración telefónica luego de ser entrevistado en el programa “Hacete Cargo” que conduce Marcelo Sisso en MDZ Radio. Sin embargo, en este caso el orden de los factores sí altera el producto, porque el pozo ya está en producción. Además, es uno de los más prometedores del área de Barrancas.

La denuncia penal contra los funcionarios por la habilitación del pozo fue presentada el 18 de noviembre del año pasado. Fue y vino entre fiscales y cuestiones de competencia. La tuvo la fiscal Mercedes Moya que se declaró incompetente, también el fiscal correccional Gustavo Pirrello que pidió informar a Irrigación de lo que ocurría, luego de la fiscal Cecilia Bignert pasó al fiscal especial Santiago Garay, quien se inhibió por un litigio anterior con Rubio, y finalmente la causa recayó en la fiscalía especial de la doctora Claudia Ríos.

La fiscal, en un primer dictamen, avaló los procedimientos que autorizaron el pozo aunque pidiendo consultas a la Fiscalía de Estado. Pero en una instancia superior la fiscal de cámara Paula Quiroga habilitó la feria y ahora el expediente judicial está en un juzgado de garantías de turno. Algún día la justicia dirá quién tiene razón. Sin embargo, la lectura de la documentación permite adivinar que los controles previos, que en Mendoza están sujetos a regulaciones ambientales y administrativas muy rigurosas, fueron por lo menos laxos. Por eso el pozo está en producción aunque hay un arroyo importante a escasos 150 metros.

EL LUGAR

Un equipo de MDZ Online recorrió ayer la zona aledaña al pozo Bs.a-18. El arroyo El Carrizal corre entre campos de zanahoria y ajos y desemboca en el embalse. En sus riberas crecen berros silvestres que no se pueden comer. Los lugareños dicen que están afectados por “la contaminación que absorben del agua”. A unos pocos metros de allí funciona el pozo de la polémica que ya extrae petróleo en pleno Carrizal, aunque en el mundo petrolero prefieren llamarle Barrancas. La diferencia no es de sustantivos. El Carrizal es zona de riego y Barrancas, “secano”.

“Según testimonios recogidos en el lugar el pozo habría entrado en producción el domingo último, aunque fuentes extraoficiales dijeron que ya llevan un mes sacando petróleo. Ayer se veía a tres operarios trabajando y un cuarto vigilando los accesos desde adentro de una camioneta.

”La zona ya sufrió el impacto petrolero. José Cassio presentó el 28 de septiembre de 1999 una denuncia ante la secretaría legal y Técnica de la Dirección de Control Ambiental argumentando que "represas que usaba la empresa como vertederos de residuos" afectaban el agua del pozo con que regaban los cultivos de la finca familiar. Cassio se presentó como denunciante en nombre de Luis, su padre, quien falleció tiempo después.

"Todas las fincas en las que desemboca el agua se secaron con esta filtración, mi padre -Luis Cassio-, regaba con agua de pozo y se le secó el parral que tenía con uva moscatel y uva cereza, que era la fuente de vida que tenían él y mi madre. Falleció mi padre a consecuencia de esto, lo dejaron sin medio de vida, Repsol lo dejó sin medio de vida", acusó el hombre. Una de las represas o vertederos de los que habla Cassio aún continúa a la vista.

Fuente: MDZ

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