El gobierno recibió ayer a representantes del universo de empresas que componen el sector gasífero. Ejecutivos de productores, distribuidores y comercializadoras desfilaron ayer por distintos despachos del edificio de Hipólito Yrigoyen donde funciona el Ministerio de Hacienda y también la Secretaría de Energía. ¿El motivo? La discusión de la nueva regulación que prepara el gobierno para incentivar la recontractualización del mercado de gas. Son un conjuntos de normativas que modificarán los mecanismos de determinación de precios y tarifas del gas y establecen cambios importantes en el funcionamiento técnico-económico de la industria.

Las distribuidoras de gas —Metrogas, Naturgy (ex GasBAN), Camuzzi y EcoGas— se oponen enfáticamente a uno de los puntos que están sobre la mesa. Según los textos que sacó en consulta el Ejecutivo para que los privados realicen los comentarios del caso, las gasíferas ya no tendrán 75 días para pagar la factura del gas que le compran a las petroleras. A partir de marzo tendrán sólo 30 días, si se aprueba la nueva regulación. La decisión, que para el gran público puede parecer apenas una cuestión menor, afectará de lleno a la economía de las distribuidoras. ¿Por qué? Porque, en la práctica, las gasíferas tardan entre 62 y 70 días en cobrar el gas que entregan a hogares y comercios. Una vez que finaliza ese ciclo de recaudación abonan la factura de gas a productores. La reforma regulatoria que plantea el gobierno obligará, en los hechos, a las distribuidoras a recurrir a financiamiento externo para anticipar los pagos. 

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi, cargó duramente contra las petroleras por lo que entiende es una transferencia de renta desde el segmento de distribución al de la producción. (...)