Lo hizo hasta que la Corte de Apelaciones aclare si el juicio debe continuar o detenerse a la espera de que la Suprema Corte de EE.UU. decida sobre una presentaci贸n que hicieron los abogados argentinos.

El m谩ximo tribunal le pidi贸 al procurador su opini贸n sobre si debe o no intervenir en la causa. El fondo buitre Burford plantea que el juicio debe realizarse en EE.UU. y Argentina dice que por cuesti贸n de soberan铆a debe ser ac谩. Preska aguardar谩 la decisi贸n antes de resolver si el Estado argentino debe indemnizar a ese fondo buitre en casi 1.800 millones de d贸lares por la reestatizaci贸n.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York hab铆a remitido el expediente a un tribunal local de primera instancia para que resuelva la demanda millonaria contra YPF y el Estado argentino, tras la pol茅mica reestatizaci贸n de la petrolera en 2012, que impuls贸 Cristina Kirchner.

La causa se hab铆a iniciado por una demanda de la empresa Petersen, a la cual Cristina no le pag贸 ninguna indemnizaci贸n por sus acciones en YPF y cuyo litigio luego fue comprado por el fondo buitre Burford Capital Limited. 鈥淓s un proceso y hay que ir respetando los pasos. Y desde luego, acatarlos. Me refiero a que esto se apel贸 y no es el fin (de la causa), un rechazo, ni mucho menos: quedan recursos ante la propia Preska, la C谩mara y la Corte Suprema de Estados Unidos鈥�, indic贸 una fuente del Gobierno argentino.

La decisi贸n de la Corte de Apelaciones del pa铆s norteamericano se dio en el marco de una decisi贸n todav铆a pendiente de la Corte Suprema de dicho pa铆s sobre la jurisdicci贸n en la cual se deber谩 llevar a cabo el proceso, competencia solicitada por Argentina para que se dirima en sus tribunales.

As铆, el m谩ximo tribunal norteamericano deber谩 decidir sobre tal cuesti贸n, por lo que en enero pidi贸 al Procurador de EE.UU., que depende del gobierno del presidente Donald Trump, su opini贸n al respecto.

El pedido hab铆a sido presentado por empresas espa帽olas que pertenec铆an al grupo Petersen al quebrar.

鈥淓l caso fue presentado en 2015. Son dos empresas espa帽olas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionaliz贸. En el prospecto de la privatizaci贸n se estableci贸 que si en alg煤n momento se produc铆a un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debe darle oportunidad a los accionistas minoritarios de comprar las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso鈥�, sostuvo un experto.