Son dos contrincantes que por distintos motivos no pasan por su mejor momento. El fondo Burford, el megabufete que litiga contra la Argentina e YPF por la expropiación de la petrolera durante el gobierno kirchnerista, recibió un durísimo golpe hace dos semanas cuando la agencia Muddy Waters publicó un informe lapidario en el que lo acusó de fraude contable. Desde entonces, su valor de mercado se derrumbó. 

Además, enfrenta una demanda colectiva en EEUU de accionistas furiosos que se sienten estafados. En el otro extremo del ring, YPF y el Estado nacional. La petrolera no escapa a las generales de ley en medio de la crisis que cruza al país: el precio de su acción está por debajo de los USD 9, en el mínimo histórico para una empresa que cotiza hace 25 años. Tiene un valor de USD 3.500 millones, poco más de 10% del market cap de Mercado Libre, por ejemplo. Ambas partes tendrán otro round judicial en el estrado de Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan, que lleva adelante la causa que podría costarle al Estado USD 3.000 millones. 

La misma se originó luego de que empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera le cedieron el derecho de litigar a Burford. Alegan que en la reestatización no fueron tratadas igual que Repsol, el mayoritario; y por eso reclaman. En julio, luego de que la Corte Suprema de EEUU decidiera no meterse en el caso, la jueza de primera instancia desestimó el "juicio sumario" que había pedido Burford para acelerar el fallo y "congeló" todas las acciones y recursos hasta que decida si hace lugar o no a un pedido argentino: que el juicio se haga Argentina. Es lo que en la doctrina estadounidense se conoce como forum non conveniens. 

O sea, se reconoce la potestad del tribunal para fallar sobre la cuestión de fondo, pero se busca convencer a la jueza de que otro tribunal –argentino, en este caso– podría hacerlo mejor. En ese momento, Preska fijó una agenda de tres pasos. Los demandados deben presentar sus argumentos para fundar el forum non conveniens (FNC) el 30 de agosto (hoy); los demandantes deberán contestar el 30 de octubre de 2019; los demandados presentarán sus respuestas a las oposiciones el 29 de noviembre de 2019. Es viernes se cumple la primera instancia y el Estado e YPF de manera conjunta van a presenta un escrito de 35 páginas con las siguientes claves con las que buscarán convencer a la sucesora del juez Thomas Griesa. Es la estrategia base del caso argentino en esta instancia. 

"Si bien la cámara de apelaciones estableció la jurisdicción estadounidense, no es exclusiva y en virtud de la doctrina del forum non conveniens pretendemos justificar que en este caso la argentina es más conveniente", detalla una fuente. En principio, las demandantes son Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas quebradas que al momento de iniciado el juicio no pertenecía más al grupo homónimo local. "Son compañías españolas que pertenecieron a ciudadanos argentinos. ¿Por qué Nueva York, entonces?", explican los abogados. La mayoría de los hechos que motivaron la causa transcurrieron en el país. Sobre todo la expropiación de YPF, cuyas derivaciones son el eje central de la demanda. 

La querella trata de establecer el vínculo con Nueva York es por la oferta pública de acciones que la empresa hizo en 1995, cuando comenzó a cotizar en Wall Street. Los abogados locales explican que el mismo prospecto que se presentó ante la SEC, la comisión de valores de EEUU, antes de cotizar, explicaba muy claro que cualquier causa se debía tramitar en tribunales locales. Burford no cree eso. Son Estado e YPF. Y por eso, según la ley local, la jurisdicción es exclusivamente de Argentina. Si hubiera una sentencia en EEUU, por ejemplo, no se podrían ejecutar a nivel local porque la ley reconoce esa exclusividad. Se trata de uno de los antecedentes más contundentes que esgrime Burford. Durante el kirchnerismo, abogados del fondo fueron denunciados penalmente e intimados de manera pública por funcionarios y allegados del Estado en un  juicio contra Aerolíneas Argentinas. (...)