“El gobierno argentino ejerció una significativa influencia sobre la economía. En particular, la industria del petróleo y el gas fue objeto de amplias regulaciones y controles.

Como resultado, nuestros negocios dependen ahora largamente de las políticas regulatorias imperantes en la Argentina y nuestros resultados y operaciones pueden ser afectados negativamente por estos cambios”.

Se queja la compañía en un reporte presentado a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), tras las elecciones en la Argentina. Repsol, el accionista mayoritario de YPF, vendió en el 2008, con amplia financiación, una participación del 14,9% a un grupo argentino de escasa relevancia económica (familia Eskenazi, controlante del banco de Santa Cruz), sin experiencia en el sector, pero estrechamente vinculada al poder de turno en la Argentina.

¿Por qué? La respuesta de los vendedores insinuó que el comprador ostentaba beneficiosa capacidad para influir sobre políticas públicas. Pero, a la luz de estas quejas, ¿habrán existido otras razones, para realizar esta operación?

Al respecto, es necesario recordar que aquella operación fue realmente inusual: ya en su momento, el periódico “Río Negro”, en un artículo titulado “La “argentinización” de YPF” (12/02/08) llamó la atención respecto de que el entendimiento entre las partes incluyó la cláusula vendor’s loan (préstamo del vendedor), según la cual Repsol-YPF le prestaba a Petersen Energía SA la cantidad de 1.015 millones de dólares para facilitar la operación de compraventa”.

El artículo también consignaba lo siguiente: “El aliado industrial de Repsol-YPF, si nos dejamos llevar por la información del Registro Mercantil de Madrid, es una sociedad unipersonal cuya actividad es la inversión, gestión y administración de valores, títulos y acciones que cotizan en bolsa, para lo que dispone de un frugal capital de 60.000 euros”.

“Obviamente se trata de una sociedad meramente instrumental, pero el problema es que tampoco podemos conocer el perfil industrial ni la nacionalidad de su único accionista, la sociedad Petersen Energía Pty. Ltda., constituida, según algunos indicios, en el paraíso fiscal de Panamá, un lugar desde el que no es posible obtener información sobre las sociedades mercantiles que allí operan”, ni saber quiénes son sus verdaderos propietarios.

En cuanto a la forma de pago, está claro que el comprador gozó de condiciones financieras extraordinarias. Se obligó a pagar un total de 2.033 millones de dólares en cómodas cuotas hasta el 21 de febrero de 2018, fecha de vencimiento del préstamo de Repsol. De ese total, 1.018 millones de dólares se debían a los bancos internacionales y 1.015 a Repsol. Esto supone amortizaciones de capital de unos 200 millones al año.
Pero, por el otro lado se aseguró recibir unos 200 millones de dólares anuales en concepto de dividendos, dada la cláusula de “pay out” establecida en el acuerdo de compra. Muy beneficiosa para el comprador, pero muy desfavorable para las necesidades de inversión en materia energética que requiere Argentina. 

Mediante esta cláusula (7.3 del convenio) se acordó distribuir en forma de dividendos en efectivo el 90% de las ganancias anuales de la empresa, cosa que favorece los compromisos financieros del grupo comprador, pero supone una grave limitación a la capacidad de inversión de la empresa y una pesada carga para el cash-flow de la compañía.

Lo cierto es que si ahora Repsol-YPF se queja y el país resultó perjudicado por la  cláusula de dividendos obligatorios que limitó la capacidad de inversión de la empresa, además del grupo comprador, que gozó del respaldo oficial, ¿a quién benefició realmente la operación presentada como “la argentinización de YPF”?

Fuente: Perfil

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