El gobierno de Río Negro formalizó su diseño de renegociación petrolera para 21 concesiones, que vencerán en los próximos cinco años. Estiman obtener a cambio ingresos adicionales de 80 a 100 millones de dólares.

La iniciativa, que fue elevada a la Legislatura y fue consensuada con el gobierno nacional, prevé un esquema de negociación a cargo de la secretaría de Energía, centrada -según el proyecto- en una regalía "complementaria no inferior" al 3,5%, un "bono fijo" por la renovación y un aporte en especie para inversiones en desarrollo social. Además, el mecanismo planteado por el gobernador Alberto Weretilneck propone un trámite rápido, planteando que el plazo de negociación "no podrá extenderse más de 45 días corridos".

Logrado el acuerdo de Energía con la petrolera, el mismo será analizado por una comisión mixta, conformada por Labor Parlamentaria, dos funcionarios del Ejecutivo y dos intendentes de municipios petroleros.  Tendrá que "dictaminar en un plazo de 10 días" y recomendar al gobernador por su aprobación o por su rechazo. "Los acuerdos serán remitidos a la Legislatura dentro de los 10 días hábiles de la aprobación" del gobernador.

Aún con la celeridad pretendida, el proyecto tendrá un fuerte debate parlamentario por esta reforma al procedimiento de renegociación propuesto por el ex gobernador Miguel Saiz, aprobado en octubre del 2010 por la Legislatura. Esa ley, 4571, afloró con modificaciones importantes porque creó una comisión mixta para asignarle la negociación plena. La actual propuesta concentra esa misión en Energía y, sellados acuerdos preliminares, se pide la opinión a una integración mixta.

Además, se excluye al sector pichettista porque la comisión se integrará con las bancadas formalizadas, reconocimientos no logrados por el autodenominado bloque Eva Perón. El gobierno de Weretilneck tiene fuertes expectativas de un financiamiento adicional con este plan de prórrogas, pero no transparenta montos. Fuentes gubernamentales cuantifican sus estimaciones de 80 a 100 millones de dólares.

En su fundamentación, la iniciativa reconoce que los 86 millones adeudados a los municipios productores de hidrocarburos se afrontarán con el cobro del "bono fijo" de renovación, fijando que "hasta un 20%" será destinado a ese objetivo. Se establecen, "como pagos únicos", que las concesionarias deberán abonar un "bono fijo" y " un aporte al Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional", que "será efectivizado en especie".