La norma, conocida como “ley antiminera” por prohibir el uso de sustancias altamente tóxicas para la explotación minera, había despertado la oposición del sector empresarial de ese rubro, que buscó una salida judicial que nunca llegó.

Para Gregorio, el único cuestionamiento es el tiempo que se demoró la Corte para dar a conocer el fallo. “Al margen de eso, ya hemos desistido de hacer el proyecto tal como lo presentamos al principio”, reconoció. En el año 2007, San Jorge ofreció un plan para la extracción de cobre en Uspallata al gobierno de Julio Cobos. El método incluía el uso de ácido sulfúrico, pero la idea quedó en la nada debido al alcance de la 7.722.

“Nos adecuamos a la ley, hicimos un proyecto nuevo que cumplía con los requisitos jurídicos que se habían establecidos y logramos las aprobaciones ambientales. Sin embargo, el Senado decidió rechazarlo en 2011”, recordó.

En San Jorge creen que la puesta en marcha de la actividad minera en Uspallata ya no tiene otra salida que la de llevar adelante el plan biprovincial, que consta en extraer la roca mineral en Mendoza y procesarla en San Juan.

“Nuestra meta es conseguir eso. Se lo vamos a plantear a Alfredo Cornejo. De ese modo, sólo vamos a tener una cantera. Nosotros nos haríamos cargo de la traza ferroviaria para llevar todo a San Juan”, comentó Gregorio. Por ahora, no hay respuestas.