La portavoz de esta plataforma, Mónica Cristina, ha informado que Shale Gas está interesada en debatir en Soria y otras ciudades, como Burgos o Cantabria, donde se han tramitado permisos para realizar investigaciones sobre las posibilidades de obtención de gas a través de este sistema y se han empezado a movilizar diferentes colectivos en contra. Este "verdadero diálogo" con la sociedad y las instituciones se producirá antes de final de año, con el objeto de aclarar muchas dudas interesadas que se ciernen sobre este método extractivo, frente al que también se ha manifestado en contra la Diputación de Soria y la mitad de los 183 ayuntamientos de la provincia. El método del fracking consiste en una perforación a cientos de metros de profundidad, que se ramifica horizontalmente para acceder a capas de pizarra donde pueden existir burbujas de gas.

Posteriormente se hacen explotar esas capas para obtener el gas, que será extraído con la inyección de gran cantidad de agua y arena con productos químicos. Cristina ha defendido que no se ha producido ninguna contaminación del entorno ni de acuíferos en los dos millones de pozos que se han realizado por el mundo en los últimos cuarenta años.

Además ha puntualizado que el fluido utilizado está compuesto en el 99,5 por ciento por agua y arena, mientras que el resto son aditivos químicos que se emplean a menudo en los hogares como el ácido cítrico y el sodio. En este sentido ha cifrado entre tres a doce aditivos químicos distintos los que se utilizan por cada fracturación hidráulica, que varían en función de la calidad del agua, del terreno y de las rocas existentes en el subsuelo.

Cristina ha apuntado que actualmente se está debatiendo en el Parlamento Europeo otros informes medioambientales y económicos sobre la fracturación hidráulica, tras publicar en junio de 2011 la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad un informe que rechazaba el uso del fracking como técnica de investigación y de extracción de gas.

"Lo que dice este informe es que los riesgos se conocen pero que hay forma de controlarlos, con un marco normativo adecuado", ha subrayado. Además ha recordado que la normativa vigente en España y Europa es "extremadamente estricta" y asegura la protección del medio ambiente y las personas.

"Dependiendo del impacto del proyecto, la administración decide si pide a esa empresa un estudio de impacto ambiental completo, o si considera que el proyecto no entraña riesgos contra el medio ambiente, decide dar el permiso", ha explicado. Cristina ha reconocido que es difícil cifrar el empleo que pueden generar estos proyectos "hasta que no se conozcan los recursos existentes en el subsuelo", pero ha apuntado que sólo en Burgos, en la fase de explotación, está estimada una inversión de entre 150 a 250 millones de euros.