YPF, controlada por el Estado argentino, firmó en diciembre un preacuerdo con Chevron por unos 1.000 millones de dólares para desarrollar los vastos campos de hidrocarburos no convencionales en el país sudamericano.

Ese pacto se selló un mes después de que un juez argentino ordenó congelar activos de Chevron en el país por hasta 19.000 millones de dólares como parte de un juicio por contaminación ambiental ganado en Ecuador por grupos indígenas.

La firma denunció que el proceso judicial en Ecuador fue un fraude. Más tarde, una corte de apelaciones mantuvo el congelamiento de los activos argentinos de la firma.

Chevron no puede avanzar en el negocio con YPF si la medida legal sigue vigente, dado que corre riesgo de que embarguen el dinero que la compañía trajo para invertir, dijo al FT el vicepresidente de la firma, George Kirkland. Los comentarios de Kirkland llegan días después de que el presidente ejecutivo de YPF, Miguel Galuccio, asegurara que las negociaciones con Chevron avanzan lentamente por esa acción legal.