
El exdiputado nacional José Brillo terció en la polémica en torno a si la regulación hidrocarburífera debe ser sólo provincial o nacional, dijo que "la coyuntura energética necesita de una urgente adecuación y articulación en los dos planos", y deslizó críticas a ambos.
Sostuvo que el gobierno nacional tuvo un manejo discrecional e injusto y que sería transparente si no fuera sólo el ministro de Energía el que maneje una negociación millonaria con una petrolera.
"En la actualidad hay un manejo discrecional e injusto del Gobierno Nacional que debiera corregirse con una nueva ley, porque cuando desde Neuquén aportamos la energía a precios simbólicos para el desarrollo Nacional, tras la nacionalización de YPF, los aumentos de hasta 7,50 dólares el millón e BTU que se permitieron para las nuevas explotaciones, se manejaron como compensaciones hacia las empresas, no se incorporaron al precio, por lo tanto Neuquén no percibe regalías por esos aumentos."
"Un año después de que el Ministro de Energía salió a mendigar que las empresas le paguen la diferencia, accedemos a esos valores para las nuevas explotaciones, perdimos más de un año de actualización por no tener una ley que regule el valor, con el agravante de que no es bueno, ni sano, que un funcionario sostenga negociaciones millonarias con poderosas empresas petroleras, porque no hace a la transparencia de los procederes" reflexionó.
CONTRADICCIÓN
Brillo manifestó que es contradictorio preocuparse por la ley corta, "cuando desde el Gobierno Provincial se adhirió sin ningún tipo de cuestionamiento al decreto 1277 que abusa en las facultades de reglamentación de la ley de expropiación de YPF". "Este decreto plantea, como una amenaza a la potestad de las provincias y por eso hay que trabajar en los dos frentes sin exclusiones, hay que propiciar la participación y el involucramiento de los distintos actores", intentó conciliar.
El exdiputado Nacional precisó que no hay motivos para pensar que una nueva ley nacional ponga en riesgo los alcances de la ley corta, "ya que la potestad de las provincias sobre el subsuelo que plasma la ley corta, es un principio consagrado constitucionalmente, en consecuencia, cualquier proyecto que viole ese espíritu no prosperaría por anticonstitucional".
Fuente: Diario Río Negro
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