
El secretario de Ingresos Públicos, Edgardo Valfré dijo a TiempoSur que el próximo paso es notificar formalmente a las empresas mineras, además de “seguir hablando con las mineras” ya que esto “no significa que las relaciones estén acotadas ni mucho menos”.
En tanto, en la reglamentación, algunas cuestiones relacionadas con la base imponible y deducciones que, “en virtud de la complejidad y la novedad del impuesto, que es único en el país y el mundo, todavía hay que terminar de aclararlas, y clasificarlas, dependiendo de cada uno de los proyectos y el mineral que extrae cada una de las mineras”. Valfré precisó que “todo este impuesto fue pensado sobre la base de recaudar una suma de entre 150 y 160 millones de pesos por año”.
Explicó que en este contexto, “hay que evaluar la situación particular de cada empresa”, ya que “no todas están en explotación, hay algunas que todavía siguen en etapa de exploración”. También son distintas características de medición de las reservas, algunas que se denominan recursos, otras probadas y otras reservas no probadas, y a su vez “determina la característica de cada mina”.
Al respecto hizo notar que, en el macizo del Deseado, las de Yamana Gold van a ser minas con un gran componente de oro, al igual que en Perito Moreno, Cerro Negro a diferencia de las que están en explotación en cercanías de Gobernador Gregores, por Triton y Minera Santa Cruz, que son minas preferentemente de plata.
Es así que “se evaluará y cuantificará el componente de cada uno, los costos de extracción y en función de eso, se determinará la base imponible de la alícuota del 1%, que se aplicará sobre las reservas”. El funcionario explicó, “van a ser notificadas las empresas, y estarían en condiciones de cancelar los últimos días de septiembre u octubre, dependiendo los plazos legales, de la publicación en el BO y demás”.
Valfré amplió que “el impuesto, se va a liquidar sobre la base de las reservas declaradas por las empresas al 31 de diciembre de cada año”, mientras que la ley prevé anticipos o pagos a cuenta. Sobre eso está trabajando internamente la Secretaría de Ingresos Públicos: “En determinar a modo de excepción, en virtud de que el año 2013 está en curso, que las empresas ingresen anticipos a partir de este mes o el próximo”.
El cálculo inicial será sobre la base estimada por las empresas, a diciembre de 2012 –en función de estudios de factibilidad o estados contables-, mientras que el cálculo real y definitivo surgirá de la declaración jurada al 31 de diciembre de 2013.
En principio, harán anticipos de septiembre a enero, y el saldo definitivo se pagará en el mes de febrero de 2014, y sobre eso, podrán deducir los pagos a cuenta que hayan perfeccionado durante los meses de pago desde este mes de septiembre. A partir del año próximo, los anticipos serán en forma bimestral, y el saldo definitivo, siempre en febrero, ya de 2015.
Sobre la recaudación estimada de 150 a 160 millones de pesos, Valfré calculó que “en virtud de la irregularidad del plazo en que se empieza a cobrar, en un proporcional, estaríamos recaudando entre 15 y 20 millones de pesos por mes”.
Cautela. De todas formas se mostró cauto, por la reacción de las empresas, que no descartó que hagan alguna objeción desde el punto de vista legal, aunque en general dijo que “tienen voluntad de pago, no sé si de este impuesto, o de alguna otra forma”.
Valfré aseguró que el Gobierno provincial está en permanente diálogo con las empresas mineras, “porque no se pretende que dejen de explorar o de explotar, o que dejen sin trabajo a su personal, simplemente lo que se pretende es que las mineras ingresen lo mismo que están ingresando en otras provincias”.
“Lo que se pretende es que la renta minera llegue a Santa Cruz, de la misma manera que llega en las otras provincias y que llega en el ámbito nacional”, enfatizó el funcionario, al tiempo que refirió el caso de la provincia de San Juan, “que ha logrado con las empresas mineras acuerdos voluntarios”, sobre la diferencia del precio de boca sobre el que pagan regalías, “que no es el mismo que el precio de mercado, o el precio por el cual las empresas mineras venden su producido, y es significativo”.
Valfré explicó que “si bien en su momento también en la Cámara de Diputados se habló y se propuso algo similar, no resultó, y prosperó esta ley, con la que la idea es recaudar lo mismo que si se hubiese llegado a un acuerdo similar al de la provincia de San Juan”.
Variables. Más adelante, el funcionario refutó los argumentos contrarios a esta ley, en el sentido que las empresas están dejando de explorar, y podrían deshacerse de personal, y dijo que “a lo mejor los proyectos de inversión que tenían para los próximos meses, algún emprendimiento los han parado, pero no solo por este impuesto provincial”.
Añadió que el sector minero y económico industrial del país “está hoy atravesando por distintos inconvenientes, ya sea desde el punto de vista de un dólar que no le permite vender a valores significativos, porque está a $5,60 el oficial, cuando en el mercado libre está en prácticamente $9”.
Aducen también las empresas que parte de sus costos internacionales, a la hora de efectivizarlos tienen un dólar aproximado de $8, cuando venden con un dólar de $5,60. A todo esto agregó la inflación, y los aumentos de salarios, “o sea que los problemas de la actividad son varios y más significativos, todos relacionados con la inflación, y no con este impuesto que está pretendiendo implementar la provincia”.
En la suma de todo admitió que “sus márgenes se han visto reducidos, no es la misma situación de 2011 y 2012, que fueron muy buenos”, y advirtió que, “no hubo un gesto para con la provincia, cuando tenían precios internacionales favorables y costos internos reducidos”.
Fuente: Tiempo Sur
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