Así como en los primeros años del siglo XX Enrique Mosconi junto a los expresidentes radicales Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear tuvieron la mirada estratégica y la inteligencia de crear una de las primeras petroleras estatales integrada verticalmente, hoy resulta necesario en pleno siglo XXI avanzar en la creación de una empresa nacional estatal de energías renovables.

Aquella decisión tenía que ver con el ejercicio de la soberanía nacional en materia de explotación y utilización de los hidrocarburos existentes en nuestro país. Y, al mismo tiempo, representaba un gran avance para consolidar el crecimiento y el desarrollo de la actividad económica en la Argentina.

El petróleo permitió durante el siglo pasado, junto con el gas y la energía nuclear, generar en el mundo un salto cuantitativo y cualitativo en el proceso que se había iniciado tiempo atrás con la revolución industrial. Y el uso del oro negro como medio energético por excelencia -incluso hasta nuestros días- permitió reemplazar paulatinamente el uso del carbón para movilizar a las economías y la vida diaria de millones de personas.

Sabemos que las reservas de petróleo y gas actualmente conocidas se acabarán en el futuro. Y somos conscientes de los impactos nefastos que el uso de combustibles fósiles tienen en términos ambientales para el planeta: es una de las principales causas del calentamiento y la contaminación ambiental global que amenaza la vida en el planeta.

En la actualidad, los yacimientos de gas y petróleo de Vaca Muerta aparecen como un manantial en el desierto frente a la crisis energética nacional, la ausencia de inversiones extranjeras, la falta de divisas para hacer frente al endeudamiento público y el estado de necesidad permanente en el que se encuentran las alicaídas arcas provinciales.

Pero lo cierto es que su explotación resultaría de una irracionalidad injustificable por las consecuencias ambientales que acarrearía el uso de la técnica del fracking, al contaminar los suelos y las cuencas hídricas subterráneas y superficiales. Y por las grandes cantidades de agua dulce que se necesitarán para el desarrollo de esta actividad, en zonas altamente condicionadas por aridez de sus climas, entrando su uso en colisión con otros usos destinados al consumo humano, la producción agro-ganadera y vitivinícola o la recreación o el turismo.

Por otra parte, se debe tener presente la inviabilidad económica derivada de los altos costos de producción de estos yacimientos como consecuencia de la complejidad y profundidad en que están ubicados. Al mismo tiempo que en el futuro se reducirá la demanda de combustibles fósiles en el mercado internacional frente a los avances y usos de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, lo que hará viable solo aquellas explotaciones de bajo costo de producción.

Por todo esto, resulta necesario avanzar en la discusión de una propuesta energética que sea viable desde el punto de vista ambiental y económico. Y que garantice la soberanía energética a las actuales y futuras generaciones a través de la reconversión de nuestra matriz energética nacional, lo que contribuirá de esta forma a disminuir los impactos negativos que generan para el ambiente y la salud de las personas la producción y consumo de combustibles fósiles.

Para ello se requiere de un fuerte consenso político, económico y social que permita ubicar este debate en el centro de la agenda de la dirigencia política y empresarial de los próximos años en nuestro país. Y resulta fundamental, además, lograr una fuerte movilización de la ciudadana para exigirles a las autoridades que aseguren no solo el debate sino también los acuerdos necesarios para avanzar en el desarrollo de una matriz energética nacional más limpia y sustentable.

La creación de una empresa estatal de energías renovables que venimos proponiendo en diferentes ámbitos políticos, sociales, académicos y empresariales sería una respuesta a esta necesidad. Y tendría, entre otros objetivos fundamentales, fomentar las acciones necesarias para que nuestro país salga del letargo energético en el que se encuentra sumergido; explorar, analizar y evaluar el potencial energético que tiene nuestro país basado en el desarrollo de las fuentes limpias y renovables; avanzar hacia el autoabastecimiento nacional del consumo de energía y promover alianzas entre el sector público, privado y científico - académico para la puesta en marcha de diferentes proyectos de generación energética sustentable en nuestro país.

Esta empresa, si bien debe estar dirigida por el Estado nacional, resulta fundamental contemplar en su seno una fuerte participación de las provincias para garantizar el federalismo, acompañar las iniciativas locales que ya se vienen impulsando y reconocer el potencial que tiene cada territorio para el desarrollo de diferentes fuentes renovables como la energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica (centrales menores a 50 MW), biomasa o biocombustibles.

También debe contemplarse la participación de las universidades y los centros de investigación científica diseminados a lo largo y ancho del país que vienen trabajando desde hace muchos años en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico necesario para fortalecer esta propuesta, integrándose al igual que las provincias en la estructura y funcionamiento de este ente estatal.

Además, es necesario dejar en claro que el Estado no puede por sí solo asumir semejantes desafíos porque se necesitan inversiones privadas destinadas a financiar a corto, mediano y largo plazo diversos planes, programas y proyectos de generación de energías renovables. Y resulta fundamental para lograr la viabilidad de esta iniciativa fomentar el desarrollo de las industrias y los nuevos negocios empresariales basados en el desarrollo y fabricación de tecnologías verdes aplicadas al sector energético.

El marco legal para la participación publico privado está dado por el régimen de fomento del uso de fuentes renovables para la producción de energía eléctrica que establece como meta para fines del año 2025 que un 20% del consumo eléctrico provenga de estas fuentes. Y la ley nacional de generación distribuida de energía renovable que permite a los usuarios generar electricidad e inyectarla a la red de distribución, en escala residencial, comercial o industrial.

En fin, esta iniciativa de crear una empresa estatal tiene como objetivos fundamentales, por un lado, el de promover la modificación de la actual matriz de consumo energético nacional basada en un 90% aproximadamente en combustibles fósiles altamente contaminantes y avanzar, como ya lo hizo Uruguay, en el desarrollo de una política energética nacional que sea ambiental y económicamente más sustentable y al mismo tiempo garantice el autoabastecimiento del consumo interno.

Por otra parte, permitiría fomentar el desarrollo en el interior de nuestro país de inversiones en el sector energético, a través de la conformación de clusters o asociaciones entre el sector público, privado y científico, generando nuevos puestos de trabajo y dinamizando las primarizadas economías regionales en todo el territorio nacional, no solo a través de la puesta en marcha de proyectos para la creación de parques de generación eléctrica, sino también por medio de la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

Y sería, también, una nueva forma de insertarse al mundo dando el ejemplo frente al resto del concierto de las naciones de nuestro planeta acerca de los cambios que se necesitan en la actualidad para hacer frente a los desafíos que el cambio climático y la contaminación ambiental le impone a la especie humana.