Tras una hora y media de debate, el proyecto se aprobó por 53 votos en 82 presentes, con el respaldo del oficialista Frente Amplio y del Partido Independiente (PI), además de un legislador del opositor Partido Nacional.

El proyecto de ley, presentado hace dos años y medio, ya había sido aprobado en la Cámara baja, pero debió ser ratificado porque el mes pasado el Senado le había realizado modificaciones.

La ley define como minería de gran porte los proyectos de explotación de minerales metálicos que ocupen una superficie superior a 400 hectáreas de intervención directa o que suponga una inversión superior a US$ 113 millones.

A su vez, prevé gravar la renta operacional proveniente de la actividad minera, y obliga a las empresas que extraigan el mineral a presentar un plan de cierre para cuando finalicen las extracciones. El proyecto fue elaborado tras más de un año de negociaciones entre los distintos partidos políticos, pero finalmente solo el Partido Independiente y un diputado de la oposición acompañaron la iniciativa.

La flamante norma, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, surgió por el debate generado por la llegada del proyecto de explotación de hierro de la minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- que de concretarse abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas. La inversión de Aratirí está estimada en US$ 2.800 millones, lo que representaría la mayor en el sector privado en la historia del país.

CUESTIONAMIENTOS

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) recordó el lunes que el proyecto otorga un marco normativo específico para la minería de gran porte "mucho más garantista que el Código de Minería vigente". Pero la norma ha movilizado a organizaciones medioambientalistas y productores rurales que consideran que la explotación minera a gran escala generará un desgaste irrecuperable en este país agroexportador.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) recordó el martes en un comunicado que una reciente encuesta de la consultora Radar sostiene que el 46% de la población rechaza la minería de gran porte. A su vez, anunció que con la norma ya aprobada denunciarán ante la Suprema Corte de Justicia "una serie de inconstitucionalidades" de la misma, pero además recolectarán firmas para convocar a un referéndum para derogarla.