Pero cuando los efectos que caus贸 ese golpe reci茅n se empiezan a sentir en la poblaci贸n, todav铆a no se terminaron de cerrar las batallas econ贸micas por el salto del tipo de cambio de 2018. Las distribuidoras de gas reclaman al Estado m谩s de $ 3000 millones -de acuerdo al c谩lculo de un directivo- por la disparada del d贸lar entre abril y septiembre del a帽o pasado, que da帽贸 sus cuentas al tener ingresos en pesos (tarifas reguladas) y costos principalmente en d贸lares (el gas).

Es por conceptos que quedaron afuera de los m谩s de $ 21.000 millones que asumi贸 como deuda el Estado a trav茅s del Decreto 1053/2018, en el que el Gobierno se hizo cargo de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) para no trasladarle los costos de la devaluaci贸n a los usuarios. El intento de hacer ese "pass through" le cost贸, meses m谩s tarde, el puesto de secretario de Energ铆a a Javier Iguacel -seg煤n dicen conocedores del sector- y provoc贸 un tembladeral pol铆tico a mediados de octubre de 2018. El concepto de DDA fue incluido en las Reglas B谩sicas de la Licencia de Distribuci贸n de gas (RBLD), pensadas en 1992 con la convertibilidad peso-d贸lar. 

Como el entonces ministro de Energ铆a, Juan Jos茅 Aranguren, calcul贸 para el per铆odo abril-septiembre 2018 un d贸lar promedio de $ 20,345, la devaluaci贸n de fines de abril hizo a帽icos esas cuentas. Los usuarios pagaron el gas m谩s barato en d贸lares de lo que originalmente estaba planeado y a las distribuidoras no les alcanz贸 para hacer frente a los costos del producto. En concreto, las empresas agrupadas en la Asociaci贸n de Distribuidores de Gas (Adigas), una organizaci贸n en la que por vol煤men de clientes pesan m谩s Metrogas, Naturgy -ex Gas BAN-, Camuzzi y EcoGas, solicitaron a la Secretar铆a de Energ铆a y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que se les reconozca una deuda por la diferencia entre el gas efectivamente vendido a los usuarios finales y el total del gas comprado a las productoras -las petroleras-. 

El Gobierno aval贸 el consumo de los usuarios pero no los otros conceptos. Fuentes oficiales sostienen que "eso queda en una discusi贸n comercial entre las empresas". Los conceptos que quedaron afuera son el gas retenido o combustible (utilizado para las plantas de compresi贸n de las transportistas) y el gas no comercializado. Por ejemplo: para entregar 100 m3, una distribuidora debe adquirir unos 110 m3 en las distintas cuencas de producci贸n (Neuquina, Noroeste, Golfo San Jorge, Austral). Ese 10% -que para las empresas que est谩n m谩s cerca de los pozos es menor- representa un costo para las gas铆feras, que no fue reconocido por el Estado cuando asumi贸 las DDA.  (...)