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La Justicia busca reactivar la causa por la venta de YPF que Lijo tiene paralizada

27/09/2024 | YPF | Noticias Destacadas | 1110 lecturas | 360 Votos



La Cámara Federal aceptó como querellante a la ONG Contadores Forenses, que intenta impulsar la investigación




Ante la paralización de la causa por la venta de YPF, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, la Cámara Federal porteña tomó una decisión que busca reactivar el expediente donde se investiga a Axel Kicillof y a otros funcionarios del kirchnerismo.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi reconocieron como querellante en el caso a la ONG Contadores Forenses, de modo de que pueda actuar como acusador particular, más allá del impulso que debería darle el fiscal al caso.

El juez Lijo candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia había rechazado el 9 de abril pasado la pretensión de esta ONG de ser parte en la causa. La organización apeló. La primera presentación la hizo el contador Alfredo Popritkin, presidente de la entidad, pero que falleció.

Por eso se presentó Jorge Alfredo Ceballos, con el patrocinio del abogado Sergio Curzi. Así las cosas, los jueces rechazaron la pretensión de la ONG de ser amicus curiae (amigo del tribunal), pero la admitieron como querellante.

En esa causa, ahora la ONG va a poder pedir medidas de prueba, cuestionar las decisiones del juez Lijo, recurrirlas y hasta acusar en caso de que el asunto llegue a juicio oral.

"Esta es la continuidad del trabajo de mi viejo en la lucha contra la corrupción; no bajamos las banderas; todo lo contrario", dijo a la nacion el abogado Andrés Popritkin, continuador del trabajo de su padre.

El caso se abrió en 2006, a partir de la denuncia de vaciamiento y expropiación de YPF. En la carátula aparecen los delitos de infracción de la ley 22.415 (Código Aduanero), incumplimiento de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública.

La Cámara Federal dijo que se investiga la presunta ausencia de control estatal sobre la información técnica que están obligadas a proporcionar las empresas petroleras.(...)

Fuente: La Nación

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