Hoy ser谩 otro d铆a clave en la historia del juicio por la estatizaci贸n del 51% de YPF. Es que la Corte de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, resolver谩 si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, o si obliga a la Argentina a depositar ese activo u otros.

驴Qu茅 es lo que va a pasar? La respuesta tiene tres posibilidades.

Una de ellas es que se le conceda a Argentina que contin煤e la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determin贸 en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en YPF.

Otra respuesta de la Corte puede ser que niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecuci贸n de las acciones. El financista de los demandantes, Burford Capital, anticip贸 que no liquidar谩 ese pago, como acto de buena fe.

La tercera posibilidad es que la Corte conceda la medida en suspenso, pero que entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a

cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte no concede la suspensi贸n total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos. Una opci贸n es llegar a un acuerdo con los acreedores. La otra es no cumplir. Si esto 煤ltimo sucede, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, cuya consecuencias pueden ser el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el pa铆s no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.

Si bien en el Gobierno prefieren no hablar del tema, fuentes allegadas a las negociaciones y exfuncionarios coinciden en que "negociar un acuerdo antes de la 煤ltima instancia judicial puede comprometer judicialmente a futuro al funcionario de turno que firme el acuerdo".

Por otro lado, seg煤n una encuesta de Poliarqu铆a Consultores, el 65% de la poblaci贸n cree que el Gobierno deber铆a negociar un acuerdo con los acreedores y una reducci贸n del pago. Uno de cada cuatro argentinos cree que el Gobierno deber铆a desconocer el fallo. Continuar el proceso judicial v铆a apelaciones o pagar la sentencia actual son opciones apoyadas por solo el 5%.

La forma de pago considerada m谩s adecuada en caso de que la Argentina decida cumplir con la sentencia original o alcance un acuerdo con los acreedores es la emisi贸n de bonos por parte del Estado argentino (37%).

El juicio en cuesti贸n es por la reestatizaci贸n de la petrolera que tiene, entre otras consecuencias, que al agregado no menor: a la condena de US$ 16.100 millones se les suman US$ 2 millones diarios de intereses.

No se est谩 discutiendo si la Argentina ten铆a derecho a expropiar la compa帽铆a, ni un tema de soberan铆a de la Argentina, sino que se litiga por no haber realizado la Oferta P煤blica de Adquisici贸n que indica el estatuto de YPF; omisi贸n que perjudic贸 derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.

De hecho, este litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el Gobierno de Carlos Sa煤l Menem en 1993, cuando acudi贸 a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$ 1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de EE.UU.

En la historia que lleva a la reestatizaci贸n de YPF aparecen muchos actores. Uno clave es el Grupo Petersen que adquiri贸 antes el 25% de YPF con fondos prestados por la propia Repsol (la due帽a hasta ese entonces de YPF); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.

Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Kirchner decide la expropiaci贸n de YPF.

La Ley N掳 26.741 de Soberan铆a Hidrocarbur铆fera, aprobada en mayo de 2012, le permiti贸 al Gobierno expropiar el 51% de las acciones de YPF a Repsol.

Cuando Petersen adquiri贸 las acciones se comprometi贸 a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero cuando se nacionaliz贸 YPF, la empresa prohibi贸 los dividendos, lo que llev贸 a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.

Fuente: Clar铆n

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