Brasil tiene unas 688 regiones indígenas, que ocupan cerca de 13% del territorio. Las tierras, la mayoría de las cuales se hallan en la región amazónica, poseen una gran variedad de minerales, entre los que están el oro, el mineral de hierro, el níquel y el diamante. Según ha podido leerse en el diario The Wall Street Journal of Americas, la Constitución de Brasil de 1988, que reconoce a los grupos indígenas "derechos inalienables" sobre las tierras, prohíbe la minería hasta que haya legislación para regular la actividad y proteger los derechos de los nativos. El Congreso quiere promover ahora un proyecto de ley que busca sortear esa norma y poder explotar las reservas mineras. De hecho, Brasil quiere subastar 174 nuevas áreas para exploración y explotación de petróleo y gas en mayo para 2013 y piensa tener la mitad en tierra y el resto en aguas profundas del Atlántico, según anunció el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão.

El Congreso recibirá el nuevo código de minería de Brasil para su debate en las próximas dos semanas, según el titular del Ministerio de Minas y Energía, citado por el diario Valor Econômico. Los partidarios del proyecto de ley dicen que podría proporcionar una gran ayuda a las pequeñas y grandes compañías mineras y, al mismo tiempo, aportar recursos a las comunidades locales, que se quedarían con el 2% de los ingresos brutos de las actividades mineras en sus tierras en el marco del proyecto de ley. Las mineras más importantes, como la brasileña Vale SA y las anglo-australianas BHP Billiton PLC y Rio Tinto PLC, buscan sitios de alta calidad en países políticamente seguros como Brasil. Las tres compañías declinaron hacer comentarios sobre el proyecto de ley. Lobão dijo el martes que el Ministerio de Hacienda está aplicando los últimos ajustes, aunque la decisión aún depende del respaldo de la presidente Dilma Rousseff.

Algunas comunidades indígenas han denunciado que la explotación puede destruir su entorno y tradiciones, aunque otras se han sentido seducidas por los beneficios económicos que esta actividad puede traerles. El plan considera la creación de la Agencia Nacional de Minería y del Consejo Nacional de Política Minera, además de un nuevo marco que regule el sector, cambios en las concesiones y una nueva política para las regalías. El ministro indicó que es posible que se definan los límites mínimo y máximo de las regalías para los distintos minerales, pero que el porcentaje de recuperación de cada uno debe ser definido mediante un decreto presidencial. La propuesta se basa, en parte, en experiencias en Canadá y Australia, donde se han desarrollado varios proyectos mineros en terrenos protegidos. La población indígena supone el 9% de la fuerza laboral de Rio Tinto en Australia, donde cuenta con 25.000 trabajadores.

Fuente: Infobae

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